En el círculo familiar más cercano del registrador Alexander Vega Rocha hay alguien que –antes de que este último fuera funcionario– utilizó su influencia política para comprar votos en Vaupés, delito que va en contravía de los principios del órgano electoral.
El condenado es nada más y nada menos que Campo Elías Vega Goyeneche, papá del hoy registrador nacional. Su caso se remonta a abril de 2004, año en el que fue protagonista de un caso de corrupción al manejarle de forma ilegal el bolsillo a Wilson Ladino Vigoya, candidato a la Gobernación de Vaupés que resultó electo por solo siete votos de diferencia.
Por esa época, Alexander Vega tenía 24 años, terminaba sus estudios de Derecho en la Universidad Libre y se disponía a ocupar el cargo de personero municipal de Chía. A este, según versiones, llegó con el empujón que le dio el entonces alcalde de ese municipio, Fernando Sánchez.
Fue así como mientras Vega hijo se concentró en asuntos políticos del centro del país, el papá se tomó Vaupés repartiendo $100.000 por voto al que se decantara en las urnas por Ladino, aspirante por el movimiento de Participación Popular.
De entrada la tarea fue delinquir, pues se ofreció la mayor cantidad de bonos posibles que llevaran a la gente a votar y así derrotar al rival de patio, Leonidas Soto Muñoz, quien representaba al Partido Colombia Democrática y amenazaba con quitarle el trono.
La historia la trajo a colación esta semana la periodista Diana Salinas, de Cuestión Pública, en medio de las críticas a Vega Rocha por su manejo del conteo de votos en las elecciones al Senado. Además, el hecho no solo es recordado por el acuerdo corrupto que llevó a que en 2015 la Corte Suprema ratificara la condena a 22 meses a Vega papá.
Resulta que el escándalo se dio en medio de unas elecciones atípicas, en las que el ganador se definió con la votación de solo dos municipios en los que el 25 de octubre de 2003 no hubo garantías debido a alteraciones al orden público. A esa dilatación le sacaron el jugo los procesados.
El tesorero corrupto
Campo Elías Vega fue el indicado para manejarle la campaña a nivel político y financiero al aspirante Wilson Ladino. Pese a ser el que políticamente tenía fuerza en la región, prefirió declinar su candidatura y abrirle camino a su socio político.
Tras la decisión, los comicios se adelantaron de forma normal en 2003, excepto en Carurú y Taraira, donde el Consejo Nacional Electoral ordenó frenar las elecciones por amenazas de grupos armados.
Cinco meses después –en abril–, por la apretada votación, los únicos contendores fueron Ladino y Soto. El primero llegó con 2.106 votos, y el otro con 2.043. El censo electoral –según reseñan medios– era de 2.175 personas. Cualquier cosa podía pasar.
Al momento de hacer campaña, ambos se distribuyeron tareas que están mencionadas en el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema: Ladino ofrecía la plata y mandaba a la gente a cobrarle a Vega, quien tenía el papel de tesorero.
De hecho, en uno de los vales reseñados por la justicia se lee “abril 24/04 Dr. Campos favor colaborarle a la portadora con $100.000”. De esos se repartieron varios, tantos que terminaron alertando a los rivales, los de la campaña de Soto. Ellos fueron quienes destaparon este escándalo e hicieron que el 11 de abril de 2006 se le acusara a Vega de corrupción al sufragante.
Dos años después pasó a ser el cómplice de la historia y en 2009 un juez de Mitú decidió absolverlo, pese a que había pruebas en su contra como los mencionados vales.
El proceso escaló al Tribunal Superior de San Gil, Santander –el que lo condenó a casi dos años en 2013–, y luego pasó a casación al máximo tribunal de la justicia ordinaria: la Corte Suprema. Desde allí salió un fallo en su contra confirmando la sentencia condenatoria.
Revive polémica en los Vega
Este apellido y de paso la condena de Campo Elías Vega volvieron a salir a la luz por el reciente escándalo electoral que protagonizó el registrador.
Este funcionario, conocido por frases como “el que no sienta que hay garantías o crea que le harán fraude no debería presentarse”, fue criticado porque luego de la contienda al Senado decidió atender el pedido de sectores políticos y manifestó que iba a pedirle al Consejo Nacional Electoral (CME) un reconteo de votos.
Sin embargo, 24 horas después desistió de la idea y, de nuevo, causó malestar y desconfianza en la manera en que se llevó a cabo el escrutinio. Tanto así que diferentes partidos –como el Centro Democrático y Alianza Verde– pidieron su salida del cargo.
$100
mil por voto pagaba el candidato Wilson Ladino, cuyo tesorero era Campo Elías Vega.
