El gobierno cubano impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación, y el libre movimiento.
Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de Covid-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas. Los gobiernos interesados en recibir la asistencia de médicos cubanos deben exigirle al gobierno de Cuba que reforme su orwelliano sistema, que regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental.
Los países que reciben médicos cubanos tienen obligaciones de derechos humanos respecto de todas las personas en su territorio, lo cual incluye a los trabajadores sanitarios cubanos, y deben asegurarse de que los acuerdos alcanzados con el gobierno cubano prevean garantías efectivas para los derechos de los trabajadores.
Los gobiernos que acepten asistencia cubana que incluya condiciones abusivas impuestas por Cuba podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos. A nadie le sorprende que el régimen cubano no esté dispuesto a respetar los derechos de sus trabajadores de la salud, pero otros gobiernos deben abstenerse de contribuir a esta explotación.
