Buena parte de los equipos institucionales del Gobierno Nacional y del Ejército (Brigada 17), que deben atender ese extremo de Chocó, están en el Urabá antioqueño. Eso significa limitaciones y a veces, según nuestra gente en esos municipios, cierta lentitud y discriminación.
Ya es hora de que allí se fijen políticas de gobierno para una zona fronteriza que, además de medidas de seguridad, requiere presencia estatal en todos los niveles, incluso de protección de los derechos de nuestros ciudadanos que en ocasiones reciben tratos arbitrarios por parte de la Guardia Civil Panameña.
No solo está disparado el tráfico de migrantes ilegales a Centroamérica. También está creciendo la modalidad de “mulas humanas”: muchachos agricultores y jóvenes de las poblaciones, enviados por la selva con 25 kilos de cocaína en la espalda que vuelven cargados con la plata de la droga.
Eso está produciendo un daño enorme a la juventud de estas poblaciones: ya no quiere trabajar en cultivos y actividades legales, y se vuelve amiga del dinero fácil.
Y la invasión de los lotes se da porque por Acandí llegaron más de 400 personas a trabajar en minería en la zona. Entraron varias retroexcavadoras y eso trajo una gran trashumancia y mendicidad.
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