La noticia sobre la detención en China de la deportista y modelo antioqueña Juliana López Sarrazola ha generado conmoción no solo entre su familia, sus allegados y sus compañeros de estudios y de trabajo social en el grupo denominado “Las divas del fútbol”, sino entre la opinión pública.
Porque no se trata solo del interés morboso que puede despertar el hecho de que una mujer joven y destacada en ámbitos relacionados con el modelaje y el deporte pueda resultar involucrada en un proceso penal al otro lado del mundo por un asunto de tráfico de drogas, sino que se trata, ante todo, de un enorme drama humano, tanto si efectivamente está involucrada en aquello de lo que se le acusa -cosa que por ahora nadie puede asegurar- como si, más doloroso aún, es inocente y cayó en garras de una de esas redes de narcotraficantes para las que los seres humanos son simples fichas a las que no importa utilizar y arrojar a una cárcel por muchas décadas.
Según el comunicado divulgado ayer por la Cancillería colombiana, la joven fue detenida el pasado 18 de julio en Guangzhou, República Popular China. Y solo el 22 de julio el Buró Anticontrabando de la Aduana de Guangzhou informó de la detención a las autoridades consulares colombianas. Dice la Cancillería que ya solicitaron permiso a las autoridades chinas para visitar a Juliana y prestarle la asistencia consular establecida en las convenciones internacionales.
No obstante, y a pesar de que los cónsules colombianos hagan lo que esté a su alcance, que es realmente limitado, el panorama que enfrenta la joven es escabroso, grave por donde se le mire.
Lo demuestran los testimonios recogidos en el debate parlamentario que se hizo el pasado mes de abril en la comisión Segunda del Senado, en el cual se leyeron cartas de algunos de los 129 colombianos encarcelados en China. De ellos, 111 lo están por delitos de tráfico de estupefacientes, y 29 de ellos condenados a muerte. Las condiciones de reclusión que denuncian son denigrantes y la vulneración a sus derechos es permanente. La queja recurrente es la falta de asistencia profesional para una defensa técnica, que comienza por la barrera del idioma, así como la falta de garantías procesales que permitan un juicio imparcial y justo.
La familia de Juliana López defiende su inocencia y manifiesta que el computador portátil donde supuestamente fue encontrada la droga no es de su propiedad. Ojalá pudiéramos decir que todas estas circunstancias tendrían oportunidad de ser acreditadas en un juicio con todas las garantías, pero la realidad de los hechos niega esa esperanza.
Con independencia de la eventual responsabilidad de esta compatriota, cuya suerte es por completo incierta, en lo que hay que insistir, una y otra vez, es en el conocimiento que los colombianos tienen que tener sobre las consecuencias que enfrentan si se involucran en estas redes de tráfico de drogas. Y ni se diga ya en países donde no hay ninguna contemplación a la hora de imponer penas por este delito transnacional.
La diplomacia colombiana tiene aquí un reto ineludible. Si bien el combate al narcotráfico ha mostrado la impotencia de los Estados -de todos- y tiene para ello su componente policial, militar y judicial, en el caso de las personas detenidas en el exterior hay una asistencia que debe prestarse, y unos canales diplomáticos y consulares que tienen que agotarse, pues los colombianos no dejan de serlo por el hecho de ser detenidos, sean o no culpables.
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