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En medio de la crisis provocada en el occidente del país por la parálisis en el suministro de gas ante el calentamiento de la tubería que pasa por el volcán Cerro Bravo, se conoció el tan esperado informe de las reservas que tiene Colombia en petróleo y gas, que dejó más preocupaciones que certezas.
Y para sembrar nuevas incertidumbres en el panorama energético colombiano, la multinacional italiana Enel anunció que suspenderá la construcción del parque eólico Windpeshi por los múltiples obstáculos que han encontrado en La Guajira con las comunidades étnicas. Una suerte similar podrían correr otros proyectos de energías renovables no convencionales como la eólica y solar, que son las llamadas a reemplazar los combustibles fósiles, y que siguen estancados.
El informe de Reservas y Recursos Contingentes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con base en datos de 474 campos, reveló que el país tiene reservas probadas de petróleo para 7,5 años y de gas para 7,2 años. Es decir, estamos en una carrera contra el reloj para encontrar nuevos recursos y evitar que nos volvamos importadores a la vuelta de unos años. Pero el que no busca, no encuentra.
Si no buscamos más petróleo y gas, si no firmamos nuevos contratos de exploración, es muy difícil que podamos continuar con nuestra independencia energética, más cuando las reservas probadas de gas, que es el energético de la transición, disminuyeron 11% en 2022 frente al año inmediatamente anterior y ya no alcanzan para 8 años. Cualquier nuevo proyecto se demora años en salir adelante por todos los procesos y fases que debe surtir, razón por la cual estamos en mora de tomar decisiones para aumentar la exploración de hidrocarburos.
La presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, en el congreso del gremio realizado la semana pasada, dijo que el informe de la ANH lanza una señal de alerta para que el país acelere la exploración y explotación de los actuales contratos tanto en tierra como costa afuera, con el fin de garantizar el suministro del energético a todos los colombianos durante el mayor tiempo posible.
Por su parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tras conocer este informe, reiteró que el gobierno seguirá adelante con su decisión, que implica no avanzar con nuevos contratos, y que aumentarán las reservas con la técnica de recobro mejorado, es decir, de exprimir al máximo los yacimientos actuales.
Con estas declaraciones nuevamente le cayó toda el agua sucia a la ministra, sin tener en cuenta que lo único que hace es seguir las órdenes de su jefe directo, el presidente Gustavo Petro. El mandatario se niega a reconocer que Colombia se puede quedar sin petróleo y gas por su decisión de no firmar nuevos contratos, una irresponsabilidad gigantesca económica y social, cuyas consecuencias las pagaremos todos cuando se agoten las reservas.
Nadie sensato se opone a la transición energética y a disminuir paulatinamente el uso de combustibles fósiles para contener el impacto negativo en el medio ambiente y en el calentamiento climático. Muchos países se fijaron el año 2050 para ello, entre ellos Colombia, siempre y cuando hayan nuevas fuentes que reemplacen a los combustibles fósiles. Lo que acaba de pasar en el occidente colombiano, donde millones de familias, de comercios y de vehículos se quedaron sin el suministro de gas, debería llamar la atención sobre la importancia de este energético, que es menos contaminante porque el material particulado es prácticamente nulo.
¿Qué pasará cuando se acaben las reservas y no se encuentren nuevos yacimientos? ¿Cuánto tendremos que pagar por combustibles importados? ¿Son menos contaminantes los combustibles importados que los nacionales? ¿Cómo se van a reemplazar los millonarios recursos en impuestos, regalías y exportaciones que dejan el petróleo y el gas? Son preguntas que el gobierno sigue sin responder.
Y mientras tanto están paralizados los proyectos eólicos y solares en La Guajira, llamada a ser el epicentro de la transición energética y de las energías renovables, que va a perder la oportunidad de conseguir nuevas fuentes de ingreso y desarrollo. Como lo mencionamos hace unos días, el 65% de los proyectos están frenados por problemas de licencias ambientales y consultas con las comunidades. Lo que acaba de pasar con el parque eólico de Enel es una nueva alerta para que el gobierno, tan preocupado por la transición energética, revise lo que está pasando en La Guajira, uno de los departamentos más pobres del país, y ayude en la solución de los problemas porque de lo contrario se espantarán las inversiones.
Si seguimos con la terquedad de no firmar nuevos contratos exploratorios y no impulsamos de manera seria las renovables no convencionales, nos pegaremos un tiro en el pie: nos quedaremos sin recursos, nos convertiremos en importadores de combustibles a la vuelta de unos años y no habremos salvado al planeta del calentamiento climático porque Colombia es solo un grano de arena en el desierto mundial. .