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Se terminaron las sesiones de esta legislatura y es tiempo de evaluar cómo le fue al gobierno con las principales reformas que intentó sacar adelante y su relación con el Congreso. Aunque el presidente Petro insistió en un golpe blando y un bloqueo institucional, aduciendo que el Parlamento les cerró las puertas a todos sus proyectos, esto no es del todo cierto.
Por el contrario, las relaciones empezaron como una luna de miel, con la organización de una fuerte coalición y la aprobación de muchas de las iniciativas del ejecutivo, entre ellas una ambiciosa reforma tributaria que presentó el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para recaudar 20 billones de pesos adicionales en impuestos cada año.
El Congreso aprobó la ley de Paz Total, el presupuesto del 2023, con un monto histórico, la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, el cupo de endeudamiento de la nación por 17.600 millones de dólares. Los parlamentarios también le dieron vía libre al Plan de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, a la mesada 14 para los veteranos de las Fuerzas Militares, al Acuerdo de Escazú, al proyecto que permite financiar las universidades públicas y aprobaron, además, las reformas pensional y laboral.
La pensional, aprobada en junio de 2024, volvió al Congreso este año tras los vicios de trámite en la Plenaria de la Cámara, revelados por la Corte Constitucional. Ahora falta la decisión definitiva de un conjuez sobre la suerte de este proyecto.
La laboral, que encarecía el costo de las nóminas por el aumento en el pago de festivos, dominicales y horas nocturnas, generó una discusión traumática por las amenazas del presidente Petro, de convocar una consulta popular para presionar su aprobación. Este proyecto se demoró casi dos años en salir adelante. El gobierno lo radicó en marzo de 2023, pero se hundió en la comisión Séptima de la Cámara. Lo volvió a radicar un año después y se volvió a hundir en la Comisión Séptima del Senado, pero revivió ante las amenazas de la consulta popular y finalmente fue aprobado.
Otros proyectos se hundieron, como en toda democracia que se respete, como pasó con la reforma tributaria del Ministerio de Hacienda que pretendía recaudar 16,3 billones para financiar parte del presupuesto del 2026 por 547 billones de pesos. Tras el hundimiento de la reforma, Petro amenazó con decretar una emergencia económica o dejar sin financiamiento las principales obras de infraestructura del país, como el metro de Bogotá. Cabe señalar que la reforma tributaria presentada por el ministro Ricardo Bonilla en 2024 también naufragó.
La reforma de la salud, una de las principales banderas sociales del gobierno, también se hundió y marcó un antes y un después en las relaciones con el Congreso, llevó a que se rompiera la coalición de gobierno y a que de la luna de miel se pasara a la de hiel. Desde el momento en que la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, radicó el proyecto en el año 2023, provocó un tsunami. Y aunque naufragó en el Senado, el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicó uno nuevo, que terminó también por hundirse en esta legislatura. Sin embargo, el gobierno está implementando la reforma por la puerta de atrás, mediante varios decretos que ha puesto en marcha.
También influyeron en las tensiones entre el gobierno y el Congreso las denuncias de compra de votos para la aprobación de varios proyectos gubernamentales, en las que terminaron involucrados, entre otros, los exministros del Interior y de Hacienda Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, que sigue prófugo de la justicia, viviendo sabroso en Nicaragua.
Velasco y Bonilla fueron enviados a la cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá, que los imputó como determinadores en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Según el Tribunal, los funcionarios lideraron una empresa criminal que redireccionó contratos para un grupo de congresistas con el fin de obtener el respaldo para los proyectos del gobierno, entre ellos la aprobación de cupos de deuda para la nación.
Las relaciones entre el gobierno y el Congreso también se tensionaron con la elección en el Parlamento de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, quien derrotó a María Patricia Balanta, la candidata de Petro.
En síntesis, no hubo bloqueo institucional, sino la discusión de iniciativas en las que el Congreso tomó las decisiones que consideró convenientes. El presidente esperaba que los parlamentarios, cual borregos, le dijeran sí a todo, pasándose por alto las reglas de la democracia y la separación de poderes. Lo que no ha entendido el jefe de Estado, quien se acaba de beneficiar con el archivo de 17 procesos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es que una cosa es estar en la oposición y otra en el gobierno.