El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, mejor conocido en su fórmula breve como fast track, tiene sus horas contadas: será posible ampararse en él para aprobar leyes hasta el próximo jueves, 30 de noviembre, al menos si se cumple la literalidad de lo aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional. Porque, en todo caso, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dejó entrever en días pasados una fórmula de “creatividad jurídica” -o leguleyismo, de acuerdo como se mire- según la cual extenderían el fast track si se acepta la tesis de que los días en que el Congreso no sesionó, sean excluidos del conteo y así el período se extienda.
El fast track ha sido, bajo la vigencia de la Constitución de 1991, el mecanismo más heterodoxo para el trámite de proyectos de reformas constitucionales y legales, en cuanto al recorte que supuso a la facultad del poder Legislativo de discutir y debatir los proyectos presentados por iniciativa exclusiva del poder Ejecutivo. La excepcionalidad del mecanismo, lo más parecido que ha habido aquí a las “leyes habilitantes”, encontró acomodo jurídico gracias a que la Corte Constitucional aceptó el argumento de que los Acuerdos de Paz con las Farc podían equipararse a una manifestación concreta, tangible, al derecho a la paz consagrado en la Carta Política. En virtud de ese derecho a la paz, los instrumentos políticos y jurídicos que declararan llevarlo a la práctica contarían con el aval de constitucionalidad y hasta ahora, salvo decisiones en aspectos muy puntuales, todos los proyectos legislativos de implementación de los compromisos adquiridos con las Farc -o de concreción de la paz, según Gobierno y cortes- han tenido vía libre.
Pero esas facultades de aprobar los proyectos legislativos de implementación por la vía rápida eran necesariamente temporales, acotadas a un período que se termina esta semana, y aún faltan varios proyectos por ser aprobados. A la labor de oposición -legítima, muchas veces estigmatizada y en minoría por curules- se sumó una especie de “operación tortuga” de no pocos aliados del Gobierno, quienes a pesar de hacer parte de la Mesa de Unidad Nacional, no se atuvieron a la disciplina que esperaba la Casa de Nariño para agilizar el trámite y votación de los textos.
El proyecto de reforma más crucial para la implementación de los acuerdos, el de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tenía ayer su jornada legislativa definitoria. Y para esta semana debería quedar también el de la creación de lo que ha dado en llamarse “circunscripciones especiales de paz”, en la que las Farc tiene un interés evidente, por razones que toda la clase política conoce, pero que pocos se atreven a llamar por su nombre, pues dependerá de quién ejerza o haya ejercido control sobre esos territorios para saber, al final, a quiénes van a representar los allí elegidos.
Por el fast track no fueron ya posibles, en suma, otros proyectos que se habían comprometido en los acuerdos con las Farc. Deberán ser presentados por la vía ordinaria, con mensaje de urgencia, con un panorama políticamente complicado para el Gobierno pues a las objeciones de fondo -que las hay, muchas- se unen las prácticas inveteradas del parlamentarismo de agotar los límites de las sesiones ordinarias para aprobar mediante el pupitrazo proyectos esenciales para los gobiernos. ¿O con cuáles otras “fórmulas imaginativas” pueden todavía sorprender al país, para evitar los debates reglamentarios y los procedimientos legislativos y sus controles establecidos en la Constitución? .
