Sin que el país aún termine de absorber los impactos del fuerte ajuste a la baja del precio del petróleo y de las serias dificultades presupuestales de la Nación, derivadas estas precisamente de dicho ajuste, se enfrenta el debate sobre la resolución 41274 del 30 de diciembre de 2016 del Ministerio de Minas y Energía que reduce la sobretasa a la gasolina.
Frente a la queja expresada por los mandatarios municipales y departamentales sobre el impacto negativo de la medida sobre sus presupuestos, el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Germán Arce, señaló que, de no haberse realizado el ajuste a la sobretasa, el precio de la gasolina habría subido 300 pesos por galón. Con la resolución, el incremento aplicado en enero fue de solo 135 pesos.
Luego del reacomodo en los ingresos y los gastos del Gobierno Nacional que significó la abrupta caída del precio del petróleo, ha quedado en claro la imposibilidad de mantener un esquema de fijación de precios de la gasolina que implique subsidiar a los consumidores. Ello es aún más cierto al considerarse el apretado recaudo tributario y la necesidad de ajustar el gasto público a la regla fiscal.
Además, se requiere realinear los precios internos de los combustibles a las realidades de los mercados internacionales.
Por su parte, los gobiernos locales y departamentales, que se acostumbraron a recibir los recursos de la sobretasa y que siguen proyectando sus flujos de ingresos olvidando quizá que la baja de la cotización del petróleo en algún momento se debería reflejar en los ingresos, ahora ven amenazada esta fuente y, con ella, la ejecución de los proyectos y los programas que se financian con la sobretasa.
Esto, como lo han expresado los mandatarios de Bogotá y Medellín, por ejemplo, afecta la construcción del metro en la capital de la República y el servicio de la deuda del metro en la capital paisa. Al momento, los entes municipales y departamentales no tienen una fuente sustituta que les cubra el déficit derivado de la medida.
A todas estas, los consumidores, que generalmente constituyen el paganini de los ajustes en los precios o en los mecanismos regulatorios, están a la espera de saber si van a tener que pagar un mayor precio por la gasolina o si las tarifas de los impuestos territoriales van a sufrir alguna modificación.
Cualquier decisión en la dirección de incrementar el costo de la gasolina debe tener en cuenta que, aunque los hogares se han acostumbrado a su ajuste periódico, no es clara su disposición a pagar un galón 300 pesos más costoso luego de que sus ingresos se han visto afectados por la alta inflación de 2016 y por los mayores impuestos derivados de la Reforma.
El ministro de Minas y Energía ha señalado que, para garantizar la estabilidad de los ingresos de los gobiernos territoriales, los usuarios deberán pagar un incremento gradual en el precio de la gasolina.
Aunque, como están las cosas, la propuesta del ministro es la que seguramente se impondrá y que, por ende, son los hogares los que pagarán los platos rotos de la destorcida del precio internacional del petróleo, debería explorarse una salida en la que, tanto el Gobierno nacional como los territoriales reacomoden sus presupuestos de gasto, de tal forma que el peso de la medida no recaiga enteramente en los consumidores.
