Los acontecimientos conocidos en los últimos días, que atañen a una investigación contra el exgobernador de Antioquia y ahora precandidato presidencial Sergio Fajardo, así como los que condujeron a la audiencia que se debe celebrar hoy en la que la Fiscalía pedirá la preclusión de la investigación penal por uno de los casos que se le adelantan al expresidente Álvaro Uribe, han hecho que arrecien de nuevo, desde todos los bandos, las proclamas sobre la “politización de la justicia”.
Como integrante del poder público, que opera bajo el principio constitucional de independencia, la Rama Jurisdiccional no tiene una cabeza única. Están las altas cortes (la Constitucional, la Suprema, el Consejo de Estado y el reformado Consejo Superior de la Judicatura), los tribunales superiores de distrito judicial, y los juzgados en sus diversas escalas. También, con sus propias funciones y su “línea de mando”, la Fiscalía General de la Nación.
Los magistrados (nueve) de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado, de sendas ternas de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente. ¿Hay politización? La que derive de la aplicación de las normas constitucionales que rigen desde 1991 y que obligan a cada candidato a magistrado a buscar apoyo para su elección en cada senador. Y el fiscal General es elegido por la Corte Suprema, de terna que elabora el presidente de la República. ¿Hay politización? La que surja de los eventuales pactos entre el presidente y su ternado, y entre éste y los magistrados de la Corte que vayan a votar por él. Y de ahí en adelante.
¿Hay politización en la justicia? Son importantes aquí las diferencias conceptuales. Las competencias atribuidas por la Constitución de 1991 en materia de tutelas a magistrados y jueces tienen profundas consecuencias políticas. Por otra parte, si politización se toma como la intervención, influencia o militancia electoral, la política de los votos, también ha habido casos. También en los entes de control, que si bien no son de la Rama Judicial, sí representan una modalidad de “justicia administrativa”, disciplinaria o fiscal.
Pero hay quienes –muchos– cumplen su misión. En el caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura que acaba de ser condenado penalmente por corrupción, quien le aplicó la ley penal fue un juez del circuito, por razón de que los delitos aquel los cometió cuando ya no era magistrado. De lo contrario, su impunidad estaría garantizada, como lo está la de uno de sus socios (también expresidente de la Corte Suprema, huido del país) en el denominado “cartel de la toga”. Los jueces demuestran así, tantas veces, que son ellos los que soportan y mantienen la dignidad de la Rama Judicial.
Hay que señalar también usos y mañas de los políticos (incluyendo a los que se precian de ser “antipolíticos”) que sí que politizan la justicia para presionarla y forzarla a atender sus intereses. Proclaman que la justicia debe ser respetada y obedecida cuando procede contra el adversario o contra el enemigo personal, pero la atacan cuando lo hace contra ellos mismos o sus aliados. Si procesa y juzga al contrario ideológico es justicia límpida; cuando pone la lupa en “los nuestros”, o remotamente los castiga, es corrupta.
Muchos fuera de la justicia se sienten tentados a expedir diplomas de honestidad, según el destinatario sea afecto o no a la propia corriente. En esta democracia imperfecta, y con las herramientas que dan la Constitución vigente y los códigos aplicables, deberá ser la justicia, con respeto al debido proceso, a las garantías del procesado, con posibilidad de ejercer los recursos de ley y controvertir pruebas, la que determine si una persona es responsable o no de lo que se le acusa.
Los funcionarios públicos, o quienes lo han sido, deben estar dispuestos a concurrir a los llamados de la justicia, situación que ciertamente no gusta a nadie, pero que impone deberes que no se pueden declinar. La presunción de inocencia los sigue amparando mientras no se desvirtúe mediante sentencia en firme, y con los recursos de ley todas las partes intervinientes pueden actuar para lograr que al final prevalezca el valor de lo justo
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