El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es una de las instituciones que mejor imagen tiene entre la población. Y la tiene porque, a pesar de las vicisitudes políticas, ha logrado mostrar a lo largo de su historia (fue creado en junio de 1957) un trabajo que ha generado desarrollo humano, social y económico, y ha permitido la capacitación de millones de hombres y mujeres en diversos campos técnicos y de destreza laboral.
Todos los presidentes de la República, en sus discursos de posesión y en los balances finales de gestión, sacan a relucir los indicadores del Sena y los estudiantes que ha capacitado. Hace siete meses, al anunciar el relevo en la Dirección general de la entidad, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a ella como “la joya de la corona en generación de empleo”.
Esa “joya de la corona”, apetecida por todos los sectores políticos por su estructura burocrática y por su enorme presupuesto (a ella se destina como aportes parafiscales el 2 % del valor de toda nómina de empresa legal que funcione en el país), está pasando un muy mal momento. La hasta ayer directora, María Andrea Nieto, calificada al momento de su nombramiento por el propio presidente Santos como “excelente” y una gran líder, venía denunciando graves anomalías cuyo origen ella radica en la gestión del anterior director, Alfonso Prada. Este pasó de ese cargo a ser secretario General de la Presidencia de la República. Es decir, el funcionario que decide a quién se le abren las puertas y a quién se le cierran, del despacho presidencial.
Hasta el momento, se cuenta con las versiones suministradas por la exdirectora Nieto en los medios radiales. Ayer las ratificó (W Radio): al asumir el cargo encontró graves anomalías contractuales, no solo en obras y en adiciones presupuestales para construcción de sedes sino en unas conciliaciones multimillonarias por servicios que no se prestaron. Además, haber tenido que enfrentar el boicoteo interno de funcionarios que le dijeron que ellos reportaban ante el secretario de la Presidencia y no ante la Dirección General del Sena.
La doctora Nieto aseguró ayer que hace tres semanas informó telefónicamente y “de forma detallada” al presidente Juan Manuel Santos “en qué situación estábamos”, y las medidas que había tomado para declarar insubsistente al director jurídico y a otros funcionarios. Dijo que también informó al Consejo Directivo del Sena, el pasado 19 de octubre, donde estuvo presente la entonces viceministra de Trabajo.
Ayer el Gobierno declaró insubsistente a la directora denunciante. Le sugirieron que renunciara, pero ella no aceptó. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, al responder una pregunta de un reportero, reafirmó que la relevaban de su cargo “por no haber seguido el conducto regular” pero no porque sus denuncias fueran infundadas. El mensaje es claro, como lo fue con el relevo de Cristina Plazas de la Dirección del ICBF luego de denunciar públicamente el saqueo del Instituto en Sucre y Córdoba por parte de los principales aliados del Gobierno (hoy en la cárcel, por hechos muy distintos a esos): quien se va del Gobierno es quien denuncie las irregularidades y falta de transparencia. ¿Algún otro alto funcionario se animará a destapar asuntos de corrupción en lo que queda de esta administración?
Alfonso Prada guarda silencio, hasta ahora. Dice que el tema lo tiene la Procuraduría. No se puede asegurar que haya incurrido en corrupción, pues eso lo determinarán los entes de control. El presidente optó por respaldarlo y reforzarlo, ¿hasta cuándo? Ante la opinión pública, Prada debe ofrecer claridad.
