¿Sabe usted en dónde están sus impuestos en estos momentos? La pregunta, parafraseando un viejo y célebre aviso de televisión, tiene lugar para hablar de la candidatura a la Alcaldía de Medellín de Albert Yordano Corredor.
La manera como se están poniendo recursos de la Secretaría de Educación al servicio de su campaña es inaceptable: merece no solo un sonoro rechazo de todos los ciudadanos sino, y sobre todo, que las autoridades competentes tomen cartas en este oscuro asunto. En buena hora la Procuraduría anunció el comienzo de una indagación.
Las denuncias que ha publicado EL COLOMBIANO han dado cuenta del tamaño del descaro. La conclusión es que los impuestos, que con tanto esfuerzo muchos pagan, y que la Alcaldía de Medellín debería destinar a mejorar la educación de los niños y las niñas, están siendo utilizados, al menos una parte de ellos, para ayudarle a Albert Corredor a hacer su campaña a la Alcaldía. A sicólogos, por ejemplo, que debían estar atendiendo las urgencias de los adolescentes en los colegios —que no son pocas— los pusieron a animar los sancochos que Corredor hizo en diciembre en los barrios populares de Medellín para darse a conocer. A rectores, coordinadores, profesores y auxiliares los tienen asistiendo a reuniones pedagógicas sobre cómo recoger firmas para la campaña. Y a secretarias de colegios, les han mandado la razón que también tienen que ayudar.
Las denuncias sobre el mal uso de los recursos de la Secretaría de Educación comenzaron desde mediados del año pasado, cuando empezó la estrategia de células en grupos de WhatsApp. Crearon varios grupos, cada uno identificado con un número y una letra, y en cada grupo incluyeron un número limitado de contratistas y funcionarios de la Secretaría.
En esos grupos de chat no les dan, como debieran, instrucciones sobre la labor pedagógica en favor de los niños. Por el contrario, los han utilizado para citar a los contratistas a reuniones informativas sobre la campaña política en el Censa, la institución de educación de la familia de Albert Corredor. O también les han dado instrucciones de replicar o darle ‘me gusta’ a publicaciones de las redes sociales, algunas de ellas de Corredor.
En diciembre a los contratistas los obligaron a apoyar las tareas de logística de los eventos de campaña en los barrios, con los ya mencionados sancochos y las entregas de juguetes. Para ese fin, a algunos de ellos les pidieron una cuota de 500.000 pesos, a la mayoría le tocó ir de barrio en barrio a revolver natilla y a jugar con los niños, mientras el exconcejal se paraba en una tarima, con pantalla gigante de video, a dar su discurso proselitista.
Luego vinieron las presiones para que los contratistas registraran ante este grupo de campaña sus cuentas de redes sociales, y a través de ellas, recibieron la instrucción: debían apoyar las publicaciones de Corredor y responder encuestas políticas, en las que -¡oh sorpresa!- el precandidato siempre sacaba la mayor intención de voto.
Esta estrategia, según las denuncias y los testimonios, la lideran aproximadamente 11 personas, contratistas y excontratistas de la Secretaría, de la total confianza de Corredor y de la hasta este martes secretaria Alexandra Agudelo, hoy en casa por cárcel por la presunta comisión de cuatro delitos entre ellos el de peculado, es decir apropiación de dineros públicos, en el programa Buen Comienzo.
Una de las denuncias recurrentes es que estas 11 personas, a pesar de tener cargos de responsabilidad en la Secretaría, se han dedicado exclusivamente a coordinar la logística de la campaña de Corredor.
No es posible saber cuántos contratistas tiene la Secretaría de Educación. Entre asesores, coordinadores de proyectos o estrategas, que se conocen como profesionales de apoyo a la gestión, son casi 300 (en 2020 eran 240). En el caso de auxiliares, son cerca de 600. Y esos son apenas algunos. De suerte que, cualquier candidato a la Alcaldía, que maneje sin escrúpulos una secretaría como la de Educación, podría tener un ejército a su disposición para conseguir votos para su campaña.
Más recientemente se conoció que presionaron a los sicólogos de los colegios públicos para que cada uno recogiera 300 firmas en planillas, cuya recolección sería verificada semanalmente. Según las denuncias, les dijeron que la prioridad no era ir a los colegios, sino recoger las firmas. ¡Hágame el favor! Que tranquilos que los niños esperan.
Como si fuera poco, para que cumplan con esas tareas proselitistas, los están amenazando con la no renovación del contrato a mitad de año.
Muchos son los funcionarios honestos que han denunciado. Gracias a ellos, EL COLOMBIANO ha podido tener acceso directo a las evidencias de estas irregularidades.
Corredor está por los 34 años y ha tenido una trayectoria política peculiar: cuando tenía 28 años trabajó de la mano de Daniel Quintero en el viceministerio de las TIC y dos años después buscó el aval de Álvaro Uribe para las elecciones, de esa manera se convirtió en una especie de caballo de Troya del alcalde Quintero en las entrañas del Centro Democrático.
La Secretaría de Educación de Medellín tuvo los bolsillos más llenos que nunca en 2022: 1,12 billones de pesos. Y lastimosamente no les alcanzó para reparar los colegios que se caen a pedazos.
A ocho meses de las elecciones para elegir al nuevo alcalde de Medellín, las alarmas están encendidas. .
