Se consumó el proceso político-jurídico que desalojó ya de forma definitiva a Dilma Rousseff de la presidencia del Brasil. El Senado, que ya la había suspendido desde mayo pasado, tramitó el juicio y 61 senadores, de 81, votaron por su destitución, sin privarla de sus derechos políticos. Es decir, podrá ocupar nuevamente cargos públicos. En esa posibilidad podría cruzarse nuevamente con el también desprestigiado y ambicioso Luiz Inácio Lula Da Silva, su padrino y promotor, que no descarta ser candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2018.
La Constitución de Brasil denomina “crímenes de responsabilidad” aquellos por los cuales un presidente de la Federación puede ser apartado del cargo, luego del proceso en la Cámara de Diputados y el Senado. Los defensores de Rousseff, y ella misma, insistieron en que los cargos que le imputaban no eran de esa clase de delitos.
La responsabilidad atribuida a la Jefa de Estado consistió en irregularidades en materia contable de las cuentas del Estado y el maquillaje de cifras para ocultar un alto déficit fiscal en la época electoral que la llevó a un segundo mandato.
Su abogado, el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, decía que la presidenta “tiene la conciencia tranquila y la claridad de que los hechos que le imputaron no son verdaderos crímenes”. Es decir, hubo un reconocimiento tácito de que sí hubo manejos cuestionables pero que no de la gravedad suficiente para provocar su destitución.
Una de las mayores quejas fue la poca o nula autoridad moral de un Senado conformado por una gran mayoría de parlamentarios corruptos, exigiendo cuentas que ellos mismos no podrían ofrecer. Pero así está edificado el sistema de juicios políticos en sistemas presidencialistas. Aquí en Colombia, para no ir más lejos, hace muy poco tuvimos una muestra elocuente: un magistrado frente al cual hay indicios -no pruebas concluyentes- de una conducta corrupta, fue apartado del cargo por senadores que no resistirían un examen ético. Ello cuestiona la calidad ética del juicio, pero constitucionalmente no lo invalida.
Brasil pasa, pues, a ser gobernado por un presidente que ha sabido maniobrar desde la sombra y queda hipotecado frente a los múltiples grupos políticos que le ayudaron en su ascenso al poder. Michel Temer tiene poco apoyo popular y enfrenta una crisis económica aguda, con el crecimiento del país por el suelo. La crisis internacional en el comercio de materias primas afectó al Brasil de forma profunda y la crisis política por casos de corrupción hicieron el resto para liquidar al Partido de los Trabajadores y a sus líderes más visibles, Lula y Rousseff.
El eje latinoamericano de lo que queda del chavismo (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua) anunciaron medidas diplomáticas para protestar por el que definen como un golpe de Estado. Brasil no se afectará mayor cosa, pues en nada depende de estos cuatro “colosos” de la retórica caudillista, que muy pronto tendrán que retornar sus embajadores a Brasilia pues más pierden ellos sin interlocución con el gigante suramericano.
Colombia, a través de la Cancillería, emitió un escueto comunicado de aprecio por Dilma pero sin inmiscuirse en su proceso constitucional interno. Y hace bien. Se puede ser socio del país más hermético pero de enorme peso en el continente sin teñir esa relación de ideología caduca.
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