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Sin el bombo de la primera vez, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma laboral que, como era de esperarse no dejó muy contentos a los gremios económicos, que reclamaron porque el proyecto se presentó sin haber sido concertado.
Pero como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, el gobierno insistió con esta propuesta que ha despertado polémica porque busca, más que crear nuevas fuentes de trabajo, garantizar la estabilidad laboral de quienes ya lo tienen, y darles un fuerte impulso a los sindicatos, que vienen de capa caída. “No hemos desfallecido en nuestro propósito de recuperar los derechos perdidos y arrebatados a las y los trabajadores de este país”, dijo la ministra al presentar el proyecto, enfatizando cual es la prioridad del gobierno: recuperar lo que perdieron los trabajadores en los últimos años.
Esta segunda propuesta de reforma laboral tiene más artículos, 92 frente a los 76 que traía la primera iniciativa, que no alcanzó a discutirse en el primer semestre en el Congreso. Se mantuvo la esencia del primer proyecto, es decir, los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, y los recargos de dominicales y festivos que aumentan hasta el 100% en un periodo de tres años, entre otros.
Hay artículos más controvertidos como el que permite la huelga en los servicios públicos esenciales. Sin embargo, la propuesta señala que se debe garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Y también el de la estabilidad laboral reforzada para los trabajadores amparados por el fuero sindical.
El gobierno, vale la pena reconocer, incluyó otros temas que habían sido discutidos en los últimos meses, entre ellos las contribuciones parciales a la seguridad social que podrán hacer los micronegocios (que no tengan más de nueve trabajadores), priorizando los sectores de hotelería, bares, restaurantes y el agro, en los que se trabaja por temporadas.
Así mismo, se hace el reconocimiento de condiciones laborales diferenciales a personas que trabajan en el campo y a los artistas; para el caso de los deportistas profesionales y entrenadores deberán vincularse mediante un contrato que podrá pactarse por temporadas.
También se incluyeron varios artículos que regulan el trabajo en las plataformas de reparto domiciliario mediante un contrato independiente en el que los empleadores contribuirán con el 60% de los aportes a salud y pensiones y los repartidores con el 40% restante, lo que abre la puerta para iniciar la formalización de más de 100.000 trabajadores de dichas plataformas.
Adicionalmente, se incluyen propuestas para que las empresas mineras y petroleras, y las que pertenezcan a actividades asociadas con el proceso de descarbonización y de transición energética, cuenten con un plan de cierre y protección de los derechos laborales para los trabajadores que se vayan a ver afectados.
Es todo un dilema. Sin duda el Gobierno tiene toda la buena voluntad de mejorar las condiciones de trabajo para 9,4 millones de trabajadores formales del país e incluso para algunos de los 13,09 millones de informales. Premisas con las que nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo. Pero la gran preocupación es si los costos laborales que implica una reforma como esta pueden ir en detrimento de los puestos de trabajo hoy existentes y pueden terminar acabando con parte de los empleos formales. Al menos ese es el alegato de algunos sectores en el país y es algo que está por verse si se da o no.
Lo peor que puede pasar es que en lugar de crear nuevas fuentes de trabajo se pierdan muchas de ellas, que no se facilite la flexibilidad laboral, sin afectar a los trabajadores, y que no se logren importantes avances para disminuir la altísima informalidad laboral, que ronda el 56%.
Aunque la reforma laboral no fue un tema que se abordó de manera amplia en la reunión que sostuvieron esta semana el presidente Gustavo Petro con los 32 gremios que integran el Consejo Gremial Nacional, el encuentro sirvió para tender puentes y distensionar un poco las relaciones entre el ejecutivo y el sector privado. Ojalá este ambiente un poco menos hostil se traslade a la discusión del proyecto en el Congreso y que haya una mayor disposición al diálogo y a la concertación. .