No había tenido que sortear la Corte Constitucional una crisis de imagen tan severa como la que sufrió esta semana. Y la reacción de sus magistrados difiere sensiblemente de la que han tenido las demás altas cortes, subsumidas todas ellas, de forma recurrente, en escándalos de diverso origen.
Ante una acusación tan grave como la formulada por el magistrado Mauricio González contra el presidente de la corporación, todos sus demás colegas decidieron actuar en bloque, cerrando el paso a cualquier interpretación que los acusara de negligentes, complacientes o acomodaticios.
Lo que más llama la atención es que no hubo, por parte de ninguno de ellos, solidaridad de cuerpo con el magistrado Jorge Pretelt. Esa solidaridad que ha sido la actitud más habitual de las cortes, signadas por un corporativismo cerrado que poco caso hace a la sensibilidad de una sociedad escandalizada ante las conductas reprochables y cada vez más comunes de sus altos dignatarios.
No hubo aquí -lo cual tampoco habría sido improcedente- llamamientos a la presunción de inocencia. Antes por el contrario, los magistrados aislaron a su presidente al punto de hacerlo apartar no de la magistratura, pero sí del máximo cargo representativo de la entidad.
¿Qué conocimiento tienen ellos de este u otros hechos, aparte del que denunció el propio magistrado Mauricio González, para haber abordado la crisis partiendo de la base de que las sospechas que recaen sobre el magistrado Pretelt tienen todo el fundamento?
Pues resulta que el propio Pretelt ha reconocido que recibió en su casa a un abogado con interés en un expediente específico. Y que le dijo a ese abogado en qué sentido votaría la tutela (negativo). ¿Puede cualquier abogado discutir en el propio domicilio de un magistrado de la Corte Constitucional el sentido del voto? ¿Y pueden los otros ocho magistrados afirmar ante el país que ninguno de ellos ha incurrido en esas licencias?
Esos ocho magistrados, entre otras cosas, actuaron rápido y anunciaron una serie de medidas, más efectivas desde el punto de vista de impacto mediático que en resolver los vicios de fondo.
Lo de presentar su declaración de renta es llamativo. Hay un deber para todos los servidores públicos (incluidos magistrados que se consideren intocables) de presentar una declaración de bienes y rentas al posesionarse de sus cargos y al retirarse. La diferencia aquí es que los de la Constitucional las mostraron al público. Y eso mismo deberían hacer todos los de las demás altas cortes.
Lo otro es constituir un grupo que reforme el reglamento de la Corte para mejorar el sistema de selección de tutelas. Es en ese proceso de selección, como reconoce el propio Néstor Humberto Martínez, “ministro” de la Presidencia y abogado de alto vuelo, donde se concentra demasiado ruido molesto como para descartar que sea un proceso impoluto.
La Corte ha pedido que se le releve de sus funciones electorales. Eso es necesario. Como inaplazable, esencial, es que el Congreso aborde al fin la creación de un tribunal que investigue y juzgue a los altos funcionarios, sin más amparo institucional a impunidades y dilación de juicios que han llevado a que la fortaleza de nuestro Estado de Derecho sea tan endeble como la credibilidad de algunos magistrados.
