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Ante los impactos para las empresas de las reformas laboral y tributaria, hay que moderar las aspiraciones para evitar un deterioro en el empleo.
Se llegó la hora de debatir cuánto aumentará el salario mínimo para el 2025. Venimos de tres años de bonanza que arrancó con Iván Duque, que lo subió el 10% para 2022; y Gustavo Petro, que lo aumentó 16% en 2023 y 12% para 2024. De manera que hoy el mínimo está en 1’300.000 pesos, más 162.000 pesos de subsidio de transporte.
Hoy se instala la subcomisión de productividad y mañana la comisión tripartita –Gobierno, gremios y trabajadores– que tendrán que definir el mínimo que hoy ganan cerca de tres millones de trabajadores colombianos.
El llamado es a la prudencia, a evitar el populismo con un tema que tiene tanto impacto económico y social, porque con base en el incremento en el mínimo se definen otras alzas, como los copagos de las EPS, los pagos a la seguridad social en pensiones, salud y cajas de compensación, el valor de la vivienda de interés social y prioritaria, así como algunos trámites y multas.
El incremento debe consultar las realidades del país y las nuevas cargas que se avecinan para las empresas grandes, medianas y pequeñas, por el impacto de la reforma laboral, que incrementaría en 25% los costos de las nóminas ante los mayores pagos de festivos, dominicales y horas nocturnas, así como los nuevos impuestos de la ley de financiamiento, que comienza su trámite en el Congreso.
Aunque es lógico que los trabajadores esperen un alza generosa, que les mejore su capacidad adquisitiva y puedan cubrir sus necesidades básicas, si la cifra es muy elevada se podrían ver perjudicados. La razón, como lo advierten los empresarios, es que, si suben mucho sus costos laborales, tendrán que optar por reducir los puestos de trabajo. Eliminar empleos es muy preocupante en un país como Colombia, donde la informalidad representa el 56% de la fuerza laboral. Es decir, que, de los 23 millones de personas ocupadas, 13 millones están en él rebusque diario, no alcanzan a ganar el mínimo, no cotizan para salud ni pensiones y sueñan con tener un trabajo digno. A pesar de que son la mayoría, los informales no tiene voz ni voto en la comisión de concertación, no tienen representantes ni quien vele por ellos. Este es un tema que debería revisarse en el futuro.
Un informe del Observatorio Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana reconoce que, si bien los aumentos en el salario mínimo no han reducido la precariedad laboral ni han mejorado los ingresos reales en el país, un incremento elevado afectaría más la informalidad, las desigualdades entre los trabajadores y la productividad. Como propuesta alternativa, propone incrementos salariales según el tamaño de la empresa, las condiciones del sector a la que pertenece y las particularidades de las regiones, porque no es lo mismo un salario mínimo en las capitales, donde el costo de vida es más alto, que en zonas rurales.
Hay que destacar la posición del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, de manera anticipada, propuso una cifra base de 6,2%, que, como era de esperarse, fue rechazada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que se ha mostrado intransigente y radical en sus posiciones. La CUT dice que el reajuste debe ser de dos dígitos, con el argumento de que es una deuda histórica con los trabajadores de las últimas tres décadas, cuando perdieron beneficios en el Gobierno Uribe. Incluso, en un momento llegó a plantear un alza del 15%, totalmente fuera de lugar. Es posible que ahora pidan menos, pero no una cifra inferior al 10%.
La posición de Bonilla está en línea con el descenso en la inflación y la meta del 3% para el 2025 del Banco de la República. Anif ha sido el primer gremio en manifestarse y plantea que, teniendo en cuenta la inflación esperada en los últimos dos meses del año (5,15% y 5%), y los cálculos que ellos tienen de productividad de 0,78%, “consideramos que el salario para 2025 no debería aumentar más de 6%”. Y subrayan que cualquier aumento por encima de esa cifra seguirá aumentando la brecha entre los trabajadores formales y la mayoría de colombianos que no gozan de ese privilegio.
Los demás gremios no han expresado su posición, pero comparten que el incremento debe ser moderado, más cuando la reforma laboral será un factor en contra. Al Gobierno tampoco le conviene aprobar alzas mayores porque se le encarece más la nómina y los gastos de personal, que han crecido más de 20% en dos años.
Qué bueno sería que las centrales obreras entiendan que no pueden pedir aumentos excesivos y que se logre por consenso un incremento que no afecte particularmente a las pequeñas y medianas empresas y a los micronegocios.
Ojalá lleguen las tres partes a un acuerdo para que el Gobierno no tenga que definirlo por decreto, como ocurrió a finales del 2023.