El aumento del precio de los alimentos se ha convertido en una de las principales fuentes de incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Dane, a marzo de 2016 la inflación anual fue de 7,98 por ciento y la de alimentos de 12,35 por ciento, siendo este el grupo que más contribuyó a la variación del IPC.
Aunque una parte del mayor precio de los bienes agropecuarios se debe a la caída de la producción interna, resultado de la falta de lluvias, diversos analistas han puesto de presente que los altos aranceles limitan la entrada de las importaciones, las que podrían suplir el déficit de oferta.
En particular, Fedesarrollo señala que “la protección arancelaria para algunos productos agrícolas ha exacerbado las presiones inflacionarias sobre los alimentos”.
En este sentido se indica que “el pollo, el arroz, la carne de res y el azúcar, mantienen aranceles superiores al 80 por ciento y contribuyen en una alta proporción a la inflación del componente de alimentos”.
Según la Ocde, en razón a que el arancel promedio de importación de los bienes agroalimentarios (14,9 por ciento) es casi el doble del que tienen los otros sectores (8,8 por ciento), los apoyos agrícolas (que son altos según los estándares internacionales) los han pagado, en gran medida, los consumidores colombianos a través de los mayores precios de los alimentos.
Cuando se compara el desarrollo agrícola del país con nuestros vecinos latinoamericanos, como Brasil, Perú y Chile, que presentan agriculturas altamente exitosas, se encuentra que en estas naciones el apoyo al sector agropecuario se ha dado a través de la provisión de bienes públicos (como son la investigación, los sistemas de riego y las vías) y de mecanismos eficientes de financiación.
De otra parte, el Gobierno estudia la viabilidad de reformar el sistema arancelario con el propósito principal de reducir la gran dispersión que se presenta en las tarifas de importación.
Con esta medida se facilita la transformación del aparato productivo y la promoción de las exportaciones (asunto que en las actuales circunstancias es de gran importancia para impulsar a los sectores industrial y agropecuario), al tiempo que implica menores costos de importación de los bienes finales y las materias primas.
Esto se traduciría en un alivio para el bolsillo de los consumidores y, en especial, para el de los grupos de más bajos ingresos, pues los alimentos tienen una alta participación en el costo de su canasta de consumo.
No obstante que la reforma contempla un tratamiento especial para las actividades agrícola e industrial, los agricultores han manifestado su rechazo a un cambio en el sistema de protección al agro.
Al tiempo que algunos sectores de la sociedad todavía piensan que el desarrollo agrícola se basa, necesariamente, en protección y subsidios, la política sectorial ignora el impacto negativo que este tipo de desarrollo representa para los consumidores, urbanos y rurales.
La experiencia de nuestros vecinos latinoamericanos enseña que es posible tener una agricultura exitosa y productiva basada en bienes públicos y, simultáneamente, garantizar el adecuado abastecimiento alimentario.
Por tanto, antes que frenar las reformas que el país necesita, los agricultores deberían demandar del Gobierno la generación de bienes públicos que aseguren el desarrollo sostenible y dinámico del sector. Con ello se garantiza disponer de una agricultura altamente productiva y competitiva que le aporta de manera importante al bienestar general.
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