Grandes son los retos de desarrollo sostenible en los que está comprometida Antioquia y en los que es clave para su ejecución la figura del presidente Iván Duque Márquez, a quien Medellín y el Departamento tienen importantes hechos que reconocerle; también es fuerte la expectativa frente a aquello que realmente pueda lograr la región a lo largo de su mandato.
Duque ha sido un mandatario cercano a los paisas. Desde su posesión ha visitado 22 veces a Antioquia, algunas para impulsar proyectos de innovación e internacionalización de la ciudad, atender asuntos protocolarios y otras para acompañar o ponerse al frente de procesos complejos, casos de la crisis de Hidroituango y la problemática de seguridad en Medellín, el Bajo Cauca, norte de Antioquia y Bello, azotadas por el crimen organizado, un paramilitarismo de ascendencia mafiosa, la guerrilla y otros flagelos que no cesan en su empeño desestabilizador de la sociedad.
Hoy en Antioquia se construyen las “autopistas de la Prosperidad”, toda una revolución en infraestructura local y nacional para acercar al sur, el occidente y centro de Colombia con Urabá, el Caribe y los mercados mundiales, a través de puertos.
Válido reconocer los avances en las obras, pero también llamar la atención presidencial sobre las dificultades en algunos tramos caso Mar 1 (Santa Fe de Antioquia-túnel del Toyo), avaluada en $1,2 billones, a cargo de la Nación, que no despega; Pacífico 1, con dos años y medio de atraso frente a Pacífico 2 y 3 por la forma como fue contratada, además de puntos críticos por resolver por parte del Gobierno, en la entrada del Aburrá. Estados similares vive la troncal al Magdalena, hoy paralizada.
En este tipo de megaobras y otras de dimensiones similares el interés del presidente, que acaba de concretar la financiación del trayecto Mar 2 (Cañas Gordas-Necoclí), parece ir en contravía con el de funcionarios, dependencias y agencias del Estado, como la ANI, ANLA, ICANH y otros, relacionados con la gestión contractual, que bloquean los proyectos en un nudo de requisitos que ni ellos mismos logran resolver. No puede ser que la efectividad del sector privado supere diez a uno a la oficial, como lo probó una investigación de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Tarea que debe resolver la presidencia actual para despejar el futuro de las megaobras en el país.
En esos túneles de la tramitología oficial parecen estar los $50.000 millones aprobados para el metrocable de Picacho, con visto bueno presidencial, pero que siguen sin llegar a la ciudad y la APP para la construcción de 53 colegios públicos en Antioquia, por $316.000 millones, recursos garantizados con aportes locales y nacionales, pero que no se ven en ejecución.
En el proyecto del tren ligero de la 80 se le abona al Gobierno central su compromiso frente al mismo. Medellín ha asumido su tarea, pero sin los aportes del Gobierno esta obra, como el tren de cercanías, claves para la sostenibilidad ambiental de la región y la salud pública, no saldrán a flote.
Importante la decisión presidencial de sumarse al plan de salvación de Savia Salud, con 1,7 millones de afiliados del régimen subsidiado en 113 municipios antioqueños, con una inyección de $130.000 millones. El Acuerdo de Punto Final será clave para avanzar en la consolidación de una empresa social fundamental en la región, defendida desde la Alcaldía para evitar su liquidación.
Con Duque, Medellín recupera un diálogo que parecía perdido con el Gobierno central. Este debe cristalizarse en obras, control a la delincuencia, promoción del empleo, la educación, vías terciarias para el departamento, defensa del medio ambiente y el rompimiento de barreras centralistas, tramitologías insalvables y visiones sectarias regionales. Queda un largo camino por recorrer y debe hacerse de manera conjunta.
