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El 10 de octubre de 2024, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa les dijo a los medios que “si hubiera una investigación, si hubiera unos cargos, que afecten a la compañía, yo estaría dispuesto a renunciar”.
Pues entonces, señor Roa, nos permitimos informarle que llegó la hora. La Fiscalía anunció que le imputará los delitos de violación de topes de la campaña electoral de Gustavo Petro y por presunto tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento.
El primer hecho se remonta a 2022, cuando Roa fue gerente de la campaña del hoy presidente, por haber superado los topes legales de financiación en 5.300 millones de pesos. Y el segundo caso tiene que ver con que adquirió un apartamento de 300 metros cuadrados en un exclusivo sector de Bogotá cuyo dueño era un coronel retirado que estaba detrás de un multimillonario negocio que iba a adjudicar una filial de Ecopetrol.
El expediente está lleno de pruebas de la ilegalidad. Ya el CNE le formuló pliego de cargos por esconder documentos de contabilidad de la campaña, entre ellos pagos de Fecode y de la USO. E incluso ayer se conoció que Colombia Humana, el partido de Petro, pagará una sanción de 1.200 millones de pesos, con lo cual reconoce que se violaron los topes.
Bien pueda, señor Roa, cumpla su palabra y dé un paso al costado. Cada vez se hunde más en una trama que parece petróleo crudo: oscura, viscosa y tan pegajosa que por más que se intente zafar de ella no logra salir limpio. ¿Por qué llevarse por delante la reputación de Ecopetrol? ¿Por qué deteriorar, por un prurito personal, la empresa insignia del país?
Desde su llegada a Ecopetrol la gestión de Roa ha estado bajo la lupa. Un informe de la consultora Control Risk, contratado por la Auditoría de Ecopetrol, reveló que la empresa tenía riesgos corporativos muy altos con Roa a bordo.
La destrucción de capital que está haciendo Gustavo Petro manteniendo a Roa en Ecopetrol aún no se ha calculado. Con decir que parece plata de bolsillo, los 5,7 millones de dólares que ya le han costado a Ecopetrol los problemas de reputación de Roa, pues eso fue lo que costó pagarle a una firma para calcular el impacto que las investigaciones sobre Roa tienen en entidades como la Bolsa de Valores de Nueva York.
En una compañía seria, con un fuerte gobierno corporativo y con una junta directiva que se haga valer, un presidente como Ricardo Roa no estaría al frente de Ecopetrol.
La pregunta es: ¿Qué intereses sostienen a Roa? ¿Por qué calla la junta directiva? ¿Quién responde por el daño reputacional que se agrava con cada semana de silencio? Roa no llegó a Ecopetrol por su experiencia en hidrocarburos, sino por su cercanía con el presidente Petro y tal vez por los secretos que guarda de su campaña.
Al presidente Gustavo Petro parece no importarle el daño que le hace a Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia y una de las más grandes de Latinoamérica.
Es una vergüenza que Ecopetrol pierda plata como está perdiendo de la mano de Petro y Roa. La empresa reportó utilidades por 2,5 billones de pesos en el tercer trimestre de 2025, una caída del 30% frente al mismo periodo de 2024. Y un informe de Colombia Risk Analysis alerta que a la petrolera le está tocando endeudarse a intereses tan altos como los de la pandemia por su “crisis reputacional”.
Y así, el presidente que se autoproclama defensor de los pobres, les está haciendo un daño que no se atrevió mandatario antes: destruye el valor de la compañía que es el mejor ahorro que tiene el país para financiar la inversión para los más pobres.
Brasil ofrece un antecedente con cifras que ilustran por qué la reputación importa. Entre 2014 y 2015, en pleno escándalo de corrupción de Lava Jato, Petrobras perdió cerca del 75% de su valor en bolsa. Y su deuda escaló por encima de US$130.000 millones, lo que la convirtió en una de las petroleras más endeudadas del mundo. El daño corporativo duró años.
El caso de Venezuela es más extremo. PDVSA producía alrededor de 3,2 millones de barriles diarios a comienzos de los años 2000. Tras la politización sistemática de su junta, la salida masiva de talento técnico y la utilización de la empresa con fines fiscales y políticos, la producción cayó por debajo de 800.000 barriles diarios en 2019, llegando a rondar los 500.000 en sus peores momentos.
Colombia no es Brasil ni Venezuela. Ecopetrol no es Petrobras en 2014 ni PDVSA en 2017. Pero los datos muestran un patrón: las empresas estratégicas no se quiebran por una imputación. Se desgastan cuando conviven durante años con la confusión entre presunción de inocencia y gestión del riesgo.
La pregunta no es si habrá condena. Es si Ecopetrol puede seguir pagando el costo de una controversia prolongada. No se entiende cómo, con estas y más investigaciones, Roa sigue al frente de Ecopetrol. Ojalá mostrara algo de dignidad y respeto por el país y cumpliera su promesa de dar un paso al costado.