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En un momento en que gran parte del mundo endurece sus políticas migratorias y criminaliza la movilidad humana, España opta por un camino opuesto: la regularización de más de medio millón de migrantes. Una decisión audaz, justa y necesaria, que contrasta con los discursos de exclusión en otras latitudes.
La propuesta, impulsada por un millar de entidades sociales, no ha estado exenta de polémica. Pero la realidad es que, por razones lógicas y morales, este paso era urgente. Una abrumadora mayoría de colombianos será beneficiada.
La última vez que se dio un proceso semejante en el país ibérico ocurrió hace veinte años, durante el gobierno del socialista José Luis Rodriguez Zapatero. Antes de él lo hizo dos veces José María Aznar, de centro derecha, y otras tres el presidente Felipe González.
A contracorriente de lo que está ocurriendo en otros países donde sus líderes se han lanzado a la caza y deportación de inmigrantes, el gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un camino diferente. Este plantea muchos retos, pero también es claro que España necesita a los migrantes para mantener a flote la economía y los servicios públicos.
Uno de cada cinco habitantes de España nació en otro país. Y aunque su tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo, la población ha alcanzado los 50 millones gracias a la inmigración. Durante tres años consecutivos, este país ha tenido la economía de más rápido crecimiento entre los países más grandes de Europa. En el 2025 se crearon 605.400 empleos, cifra por encima de la de otros países de la región, y gracias a esa fuerza laboral se llegó al récord de 22,46 millones de empleados a lo largo del año. En España, el 14% de los afiliados a la Seguridad Social ya son extranjeros.
La regularización de quienes ya trabajan y participan en las escuelas, la sanidad y los servicios sociales facilitará su aporte, les permitirá tener derechos y a la vez cumplir con las obligaciones de cualquier ciudadano.
Y como lo explicó Sánchez en un ensayo que publicó en el New York Times, también hay razones morales para esta regularización. La historia de España habla de generaciones cercanas en el tiempo, abuelos, padres e hijos, que se trasladaron a Estados Unidos y a otras partes de Europa en busca de un futuro mejor durante las décadas de 1950 y 1960 y después de la crisis financiera de 2008. “Ahora, las tornas han cambiado. Nuestra economía está floreciendo. Los extranjeros se están mudando a España. Es nuestro deber convertirnos en la sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios parientes habrían esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras”.
Pero España necesita también ver cómo evita que su propia sociedad no se sienta amenazada por el aumento de la población y la llegada de extranjeros. La escasez de vivienda y los precios altísimos de la que existe se ha convertido en una preocupación real y constante. La política territorial, el mantenimiento de redes y mallas de transporte que faciliten el desplazamiento de esa cifra ascendente de trabajadores y las mejoras en un sistema de salud que se ralentiza por el número de usuarios, es prioridad.
Esta oportunidad que se abre para aquellos que llegaron a España antes de finales de 2025, que se encuentran en situación irregular o que son solicitantes de asilo, puede servir de ejemplo para muchos otros países si se maneja con el debido rigor. Los cambios geopolíticos recientes, la aparición de nuevas causas de movilidad, la inestabilidad de tantas naciones afectadas por conflictos o crisis climáticas, nos inducen a pensar que el número de desplazamientos no hará más que aumentar. Criminalizar a los inmigrantes no solo no ayuda, sino que genera una violencia indeseable, como lo demuestran las noticias que llegan a diario desde distintos lugares del mundo.
España ha optado por una política que reconoce la dignidad de quienes ya son parte de su tejido social. Si esta regularización se ejecuta con justicia, visión y planificación, será una señal poderosa para un mundo que aún titubea entre el miedo y la solidaridad. También será un recordatorio para América Latina —y para Colombia, en particular— de que la política migratoria debe ser tan ética como estratégica. Regularizar no es rendirse: es entender que la integración es el único camino posible.
El ejercicio de la política debería ir siempre unido al de la ética, ese conjunto de normas y valores que rigen, o que deberían regir, el comportamiento humano para actuar de manera respetable. En teoría, ese principio prima en esta nueva regularización que emprende España. Ojalá que la práctica demuestre los aciertos de esa decisión.