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La justicia avanza, pero la verdad sigue incompleta. La Fiscalía asegura tener claridad sobre los autores materiales y la estructura que ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Dice que la orden del asesinato en aquel fatídico 7 de junio de 2025 la dio en las afueras de Cúcuta el “Zarco Aldinever”, un mando de las disidencias de las Farc. Se conoce el rastro de alias “El Viejo” –justo quien delató al “Zarco”– en los salones comunales de Bosa y se supo también el precio —insultante— de mil millones de pesos por la vida de un líder.
Pero el país continúa atrapado en la pregunta más inquietante, la única que de verdad importa: ¿por qué?
Si, como todo indica, la orden provino de la llamada Segunda Marquetalia, la discusión ya no es sobre la autoría, sino sobre el móvil. Y ahí, las certezas se desdibujan. La hipótesis de “desestabilizar la democracia”, planteada por la Fiscalía, puede ser cierta, pero resulta insuficiente. Si ese fuera el objetivo, cabría preguntarse por qué optar por un magnicidio selectivo y no por acciones de mayor impacto masivo, como atentados indiscriminados o ataques a la infraestructura estratégica. La lógica no termina de cerrar. ¿O sí?
Hay una línea de interpretación más inquietante: que no se trató solo de generar caos, sino de intervenir de manera directa en el curso político del país y para eso aniquilaron a quien, para ese momento, era el candidato favorito del expresidente Álvaro Uribe. Hoy, a escasos dos meses de las elecciones, el nombre que podría competir en las encuestas y definir el sucesor de Gustavo Petro no está en el tarjetón.
¿Fue Miguel Uribe asesinado simplemente para sacarlo del camino de la carrera presidencial?
El paralelismo es inevitable y doloroso. En los años 80 y 90, las muertes de Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez y Luis Carlos Galán marcaron una época en la que las balas se anticipaban a decidir lo que las urnas podían elegir. El paramilitarismo acabó con las vidas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro para impedir que la izquierda –la UP en un caso y el M19 en otro caso– llegara al poder. A Luis Carlos Galán lo mató el cartel de Pablo Escobar para proteger sus intereses frente a un Estado que amenazaba con someterlo. Hoy, el escenario sugiere que a Uribe lo mató el “cartel de las Farc” —la Segunda Marquetalia— para eliminar la amenaza de un cambio de rumbo que ellos no podían permitir.
Hoy, la analogía es incómoda, pero inevitable: si a Uribe Turbay lo mató una estructura financiada por economías ilegales —un cartel de facto—, ¿estamos ante un “cartel de las Farc” decidiendo quién puede o no competir por el poder?
Las preocupaciones no terminan ahí. Es extraña la parsimonia del gobierno de Petro para reactivar la persecución contra el “Zarco Aldinever” –¿tienen completamente probado que está muerto?–, y resulta ofensivo el empeño del presidente Gustavo Petro en atribuir el crimen a una supuesta “junta internacional del narcotráfico” que, según la propia Fiscalía, no existe.
¿Por qué el afán de diluir la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en una entelequia transnacional?
Incluso, más allá de que sean “disidencias” cada vez más autónomas, resulta alarmante que alias “Calarcá”, miembro de ese mismo entramado criminal, siga transitando con la orden de captura levantada bajo el paraguas de una paz que parece dar más garantías al victimario que a la víctima.
¿Significa algo que el asesinato se haya planeado en Cúcuta, ciudad de frontera con Venezuela? Pregunta que puede dar indicios claves si se tiene en cuenta que el “Zarco Aldinever” tenía (¿o tiene?) como refugio el vecino país. Al menos para ese entonces cuando el dictador vecino, Nicolás Maduro, no había sido capturado por Estados Unidos.
En ese orden de pistas, vale tener en cuenta que el 5 de agosto de 2025, apenas dos meses después del asesinato de Miguel Uribe, la Segunda Marquetalia publicó un comunicado anunciando la muerte del “Zarco Aldinever”. El comunicado lo publicó desde Venezuela y los hechos, al parecer, habrían ocurrido en ese país que “Iván Márquez”, el creador de la Segunda Marquetalia, ha tenido como refugio.
¿Acaso había algún interés en ese cóctel ideológico-criminal de acabar con la vida de Miguel Uribe?
Si el asesinato de Miguel Uribe Turbay tuvo como propósito alterar el mapa electoral, Colombia estaría frente a una amenaza directa contra su democracia. Si, en cambio, fue parte de una estrategia más amplia de presión armada, evidencia el fracaso de una política de seguridad. En ambos escenarios, el mensaje es grave.
Por eso, más allá de las capturas y las condenas, la pregunta persiste: ¿por qué mataron a Miguel Uribe?