De lo que se trataba era de dilucidar la responsabilidad personal del coronel, y no de cobrar en cabeza suya la actuación institucional del Ejército. Y eso fue lo que hizo la Corte Suprema.
El proceso penal que se le siguió al coronel (r) del Ejército Nacional, Luis Alfonso Plazas Vega, definía no solo la suerte individual de un alto oficial de las Fuerzas Armadas, al examinar a la luz del Código Penal su actuación durante el operativo contra la toma guerrillera del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que también se asumió por muchos sectores del país, incluido el judicial, como un proceso contra la actuación del Estado, representado en las Fuerzas Militares.
Y fue esta segunda connotación la que, a nuestro juicio, contaminó tanto el estudio de los expedientes referentes al caso Plazas Vega como a las opiniones que sobre ese proceso se quisieron formular como verdades con consecuencias judiciales.