Medellín pasó una dura semana en materia de orden público. A la inquietud por los hechos criminales, se une la zozobra que, de nuevo, se sufre en la Comuna 13 y por las revelaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación, sobre conversaciones cruzadas desde cárceles, en las cuales dos jefes de estructuras criminales estarían concertando una escalada violenta en la ciudad para presionar a las autoridades -específicamente al alcalde Federico Gutiérrez- y para hacer notar que pueden desestabilizar a la sociedad.
Estas conversaciones entre jefes del hampa deben ser objeto de profundización en su investigación judicial, y tomarse con toda la seriedad del caso. La investigación seguirá su curso pero las acciones policiales y de inteligencia deben adoptarse de inmediato, no solo las preventivas y de control, sino las de acción contra las estructuras criminales de las cuales haya suficiente información para seguir procediendo a su desarticulación.
Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, si bien la ciudad y sus gentes han hecho un esfuerzo mayúsculo por presentar otra cara ante un mundo que durante décadas la señaló y estigmatizó, los graves problemas de inseguridad ciudadana y de presencia y actuación de bandas y combos criminales no deben ser ocultados ni dejados de enfrentar. Hay que abordarlos, de frente, con determinación.
Consideramos que así lo está haciendo el alcalde Gutiérrez. Y por fortuna, en las actuales circunstancias, con el concurso decidido de la Policía Metropolitana, sus comandantes y los agentes, y de los fiscales e investigadores de la Fiscalía.
En buena hora, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Defensa, decidió ordenar ayer la presencia en Medellín del director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, quien hoy debe estar en la Comuna 13. Allí hacen presencia uniformados del Ejército y de la Policía, pero por competencias legales y especialización en destrezas operativas y relacionamiento con la comunidad, es esta última institución la que tiene mayores retos en el control del orden público.
Control que se manifiesta no solo en la persecución a las modalidades criminales, sino, ante todo, en la protección a la comunidad, a esos miles de habitantes que quieren vivir en una ciudad pacífica, tranquila y donde puedan vivir sin el asedio permanente de grupos que desafían la autoridad, la ley, la convivencia y la civilidad.
La vileza moral de estos cabecillas queda retratada al leer como, en la transcripción que presentó la Fiscalía de las conversaciones entre alias “Carlos Pesebre” y alias “Pichi”, sugieren ataques contra el alcalde de Medellín, cosa de por sí ya muy grave, y como no tienen inconveniente en poner a la comunidad de por medio para afectarla con ataques y actos delictivos con tal de presionar a las autoridades como represalia por las acciones y capturas contra los cabecillas.
Es dura, pero es lo que legal y éticamente les corresponde como autoridades y depositarios de la confianza ciudadana, la apuesta que hacen el alcalde Gutiérrez, la Policía y la Fiscalía por enfrentar la criminalidad organizada. Deben tener el acompañamiento de toda la sociedad. No se trata, ni nadie lo está pidiendo, de represión indiscriminada, estigmatizaciones contra una comunidad o militarización de la ciudad.
La Comuna 13 merece vivir en paz. Lo que pasa allí nos duele y preocupa a todos. El presente y el futuro de sus habitantes es tan importante y valioso como el del resto de la ciudad. Su suerte y su bienestar son los de todos.
