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La Real Academia de la Lengua define la palabra masacre como una “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”.
En ese margen de “causa parecida” podría caber lo que hoy ocurre en Colombia con el manejo que el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le han dado al sistema de salud.
Desde el primer día, el presidente le declaró la guerra al modelo vigente. Cuatro años después, los hospitales se asemejan a campos de batalla donde los pacientes ya no logran ser atendidos a tiempo. La diferencia es brutal: aquí no hay disparos, pero sí abandono; no hay explosiones, pero sí desgreño administrativo que también hiere o mata.
No es un fenómeno nuevo. En Bogotá, durante su alcaldía, el mismo patrón ya había dejado huella. Entonces, como ahora, los pasillos de urgencias se convirtieron en vitrinas del fracaso: dolorosas imágenes de pacientes en camillas improvisadas, esperando en medio de la agonía y el dolor.
Petro repitió la misma dosis en el Gobierno nacional. Cuando tres ministros —Ocampo, Gaviria y López— cuestionaron el rumbo de la reforma a la salud, la respuesta no fue el debate, sino su salida. Prefirió botarlos a escucharlos.
Las muertes por el descalabro del sistema de salud no son fáciles de contar. Si bien la asociación de enfermedades huérfanas ha registrado unos cientos, ¿Quién puede decir cuántos mueren porque no les detectaron a tiempo el cáncer o porque no se los trataron? ¿Quién puede decir cuántos mueren porque con las urgencias de los hospitales de todo el país abarrotadas no los atendieron a tiempo? ¿Quién puede hacer la cuenta de cuántos mueren porque no les llegan los medicamentos que antes sí recibían?
Hace apenas un mes murió Kevin Arley, el niño de 7 años, porque no recibió su medicamento. Y ahora, otro niño, Juan Sebastián, de 6 años, está esperando. No son casos aislados: son síntomas de un sistema que dejó de responder.
No es la primera vez que advertimos sobre esta crisis. Y no por insistencia editorial, sino por persistencia del problema. La crisis vuelve al primer plano. No solo por el colapso de urgencias en Medellín, sino porque las noticias sobre la Nueva EPS, la entidad más grande del sistema, con 11,5 millones de afiliados no dejan tranquilo al país.
El reciente nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor reabre interrogantes de fondo. Su paso por la Alcaldía de Cali estuvo marcado por cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos. Fue designado embajador en Palestina, cargo que nunca ejerció plenamente. Hoy, con dos imputaciones de la Fiscalía a cuestas, se le encomienda la administración de la salud de más del 20% de los colombianos. La pregunta no es menor: ¿es este el estándar de idoneidad que exige una crisis de esta magnitud?
Aunque con algunos problemas, la Nueva EPS había sido bien administrada la mayor parte de sus cerca de 20 años de existencia. Nació en 2008 con el fin de reemplazar al Instituto de Seguros Sociales (ISS), símbolo de politización y deterioro.
Para garantizar mejor atención y transparencia se eligió un modelo mixto, con la participación de cajas de compensación como Colsubsidio, Compensar, Cafam, Comfenalco (Antioquia y Valle) y Comfandi, que tenían el 50% de las acciones más una acción, y el Gobierno tenía el otro 50% menos una acción. Como presidente de la entidad fue designado José Fernando Cardona, quien luego de ser el secretario de salud del alcalde Antanas Mockus, lideró la Nueva EPS durante 14 años gracias a que todos los gobiernos confiaron en su gestión.
Pero llegó Petro con su famosa frase del chu, chu, chú con la que advertía que las EPS caerían como fichas de dominó si el Congreso no aprobaba la controvertida reforma a la salud.
La profecía del “chu, chu, chú” se convirtió en su hoja de ruta y quedará como un trágico hito en la historia del país. Primero les arrebató a las Cajas de Compensación la mayoría (diciembre de 2023), y luego la intervino (el 3 de abril de 2024). El gobierno ha puesto un presidente y cinco interventores que no han hecho más que agravar la crisis.
Las cifras son elocuentes. Desde 2023 no se presentan estados financieros. En un solo año, las quejas crecieron 107%, alcanzando 518.000. Las deudas pasaron de $5,4 billones a $21,3 billones entre 2022 y 2025. El patrimonio, que era positivo en 2022, se tornó profundamente negativo y podría superar los $10 billones.
Más allá de los balances, el impacto es tangible: 95 instituciones prestadoras han interpuesto embargos por más de $2 billones, comprometiendo cirugías, tratamientos y entrega de medicamentos. Cuando las finanzas colapsan, la atención también.
Y, sin embargo, la rendición de cuentas brilla por su ausencia. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Qué papel han jugado los organismos de control frente a este deterioro progresivo? Este descalabro no es solo administrativo: es ético. Porque cuando el sistema falla, no fallan cifras, fallan vidas.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen hoy una responsabilidad histórica: establecer responsabilidades. Colombia no puede permitirse que la salud se convierta en un experimento fallido ni en un botín político. ¿Quién responde por los pacientes que quedaron en el camino? .