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El presidente Gustavo Petro ha repetido hasta el cansancio que su idea es convertir a Colombia en “potencia mundial de la vida”. Sin embargo, tal y como va el país, más bien parece que se ha empeñado en hacer todo lo contrario. Pocos eslóganes han envejecido tan mal, y tan rápido, como este.
Esa vida —la de 21 colombianos que viajaban en una chiva o transitaban por la vía Panamericana— voló por los aires en 34 atentados en 16 municipios del Cauca y en seis del Valle, que dejaron además decenas de heridos, el último fin de semana de abril.
Desafortunadamente estos atentados se han convertido para el Gobierno en paisaje. Ocurren casi a diario y lo único que cambia son los nombres de los inocentes que pierden la vida. Los grupos terroristas, protagonistas de estos atentados, mientras tanto, han recibido toda clase de garantías de parte del Gobierno en el mal llamado proceso de la Paz Total sin que nadie les exija mayor cosa a cambio. Nada. Absolutamente nada.
El ataque en la vía Panamericana fue perpetrado por las disidencias de las Farc al mando del criminal Iván Mordisco. Hicieron volar por los aires una chiva en la que viajaban decenas de indígenas y varios carros. Mordisco reconoció su responsabilidad y tuvo la desfachatez de calificar el atentado como “un error táctico”, al señalar que estaba dirigido a las fuerzas militares y no a la población civil. Un error táctico. Así, como quien derrama el café.
Y mientras esto ocurría, el presidente Petro publicaba fotos festejando su cumpleaños. No fue a Popayán a expresar su solidaridad a las víctimas, y más bien decidió usar electoralmente la tragedia atribuyéndole los atentados a la extrema derecha. Sin duda, a Petro le cabe cierta responsabilidad en esta masacre –al no ejercer control del territorio y favorecer el crecimiento de los grupos criminales–, y lo más aterrador es que cuando se produce el ataque, no solo busca zafarse de la responsabilidad, sino sacar réditos políticos del mismo. ¿Cuál adjetivo cabría: mezquino o miserable?
En su defensa, el ministro Pedro Sánchez dijo que estos ataques eran resultado del debilitamiento de las organizaciones terroristas. Menos mal están debilitados porque si así han perpetrado 620 atentados en esa zona del país desde 2022 (datos de Fundación Ideas para la Paz) no nos queremos imaginar cómo sería si estuvieran fuertes. Dios nos guarde a todos.
La Defensoría del Pueblo, las organizaciones de Derechos Humanos y más recientemente Amnistía Internacional (AI) han lanzado alertas sobre el recrudecimiento de la violencia en Colombia. AI reveló que en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia, de los cuales 1.390 fueron ataques contra la población civil, que afectaron a más de 1,6 millones de colombianos. También 139 casos de desplazamiento, al menos 90.000 personas que abandonaron sus hogares, como en Catatumbo, donde la pelea entre Farc y el ELN dejó más de 80 civiles muertos.
En el gobierno de izquierda, que prometía defender a los líderes sociales, han asesinado a cientos de ellos. Entre enero y septiembre de 2025 se presentaron 509 agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Amnistía advirtió que el Gobierno ha contribuido a ese clima adverso descalificando a las organizaciones de la sociedad civil y cuestionó los resultados de las negociaciones de paz.
Los resultados son deplorables. El proceso se realizó sin estrategia clara, con ceses permanentes del fuego que maniataron a las fuerzas armadas —las únicas que los cumplían— y con negociadores que no tenían la capacidad de sostener diálogos sin ser burlados una y otra vez. Los grupos se fragmentaron, aumentaron en número de integrantes y pasaron de tener presencia en el 26% de los municipios a cerca del 70%. Un logro notable, a su manera.
En medio de este clima de violencia se produjo el magnicidio de Miguel Uribe, asesinado, según la Fiscalía, por la Segunda Marquetalia. A pesar de todo, el Gobierno sigue blando con los criminales, a quienes nombra “gestores de paz”, como alias Calarcá, o convoca a tarimazos en Medellín con 23 jefes de bandas criminales. Una política de paz que se parece cada vez más a una política de impunidad.
Y ni qué decir del famoso Pacto de la Picota, en el que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, ofreció beneficios a cambio de votos. El mismo Juan Fernando reconoció que Petro ganó la presidencia gracias al millón de votos que consiguió en regiones donde ni siquiera podía llegar. Las piezas encajan solas.
¿Cuántos colombianos más tendrán que morir o desplazarse por un proceso que no llegó a ninguna parte? Lo más preocupante —y revelador— es que el candidato Iván Cepeda ha dicho que si gana la presidencia continuará con esta política. Al fin y al cabo, él fue el estratega, el arquitecto, el padre de esta criatura. Y ya se sabe lo que hacen los padres con sus hijos: defenderlos, cueste lo que cueste. Aunque cueste vidas ajenas. .