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La historia volvió a repetirse. El gobierno de Gustavo Petro hizo oídos sordos al pedido de los congresistas de ajustar el presupuesto y está pidiendo más plata para el 2025, como hizo el año anterior.
Pero esta vez el Congreso aprendió la lección y no quiso incurrir en los mismos errores del 2023 cuando aprobó un millonario presupuesto lleno de cuentas alegres que al final quedó desfinanciado.
¿Si el gobierno está súper atrasado en el uso de los 502 billones de pesos que pidió para 2024, que lo hace pensar que será capaz de ejecutar los 523 billones de pesos que pidió esta semana para gastar en 2025?
En el aire está suspendido como nube cargada un gran temor de que el gobierno quiera más recursos no solo para cumplir con las obligaciones del Estado (pago de deuda, pensiones, transferencias a las regiones), sino para seguir llenando de burocracia las entidades públicas y aceitar la maquinaria con miras a las elecciones del 2026.
Muchos aún recuerdan que cuando Gustavo Petro asumió la Alcaldía de Bogotá, el Distrito tenía una planta paralela de 29.000 contratistas, que ya de por sí era desproporcionada, herencia de su antecesor Samuel Moreno, pero Petro casi que la duplicó y cuando entregó la Alcaldía tenía más de 50.000 contratistas.
Pero esta vez, el Congreso no parece dispuesto a darle otro cheque en blanco a Petro como lo hizo el año pasado. En un hecho inédito, esta semana las comisiones económicas no aprobaron el monto de 523 billones de pesos en el presupuesto para el 2025.
A pesar de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, había anticipado que no darían un salto al vacío y que no estaban dispuestos a avalar dicho monto sino uno inferior, de 511 billones de pesos, el ministro Bonilla madrugó a radicar la reforma tributaria con la que aspira a recoger los 12 billones de pesos que hacen falta.
Hay que recordar que venimos de un 2023 en que el Congreso le dio vía libre al mayor presupuesto en la historia del país, por 503 billones de pesos para ser ejecutados en este 2024. Se trató de un incremento monumental, del 19% con respecto a 2022.
Es decir, de un año al otro, este gobierno tuvo vía libre para gastar 80 billones de pesos más, una cifra de la que ninguna otra administración había gozado. Pero pronto el gobierno se dio cuenta que había hecho cuentas alegres y que el recaudo de impuestos no era tan bueno como lo habían pintado y tuvo que acomodar las cargas.
El ministro Bonilla anunció un aplazamiento de 20 billones de pesos en los gastos y reconoció que la ejecución va lenta. Muchas entidades no han ejecutado ni la mitad de los recursos asignados para esta etapa del año, empezando por la Presidencia que va tan solo en 14%, del Ministerio de Deporte en 15%, Agricultura 19% y el Ministerio del Medio Ambiente 31%.
Además, hay cerca de 50 billones de pesos quietos en fiducias. Razón por la cual la senadora Angélica Lozano ha dicho que no quiere pensar que el Gobierno esté acumulando recursos para tener las arcas llenas para el proceso electoral de 2026.
Entonces, vuelve a rondar la misma pregunta ¿para qué quiere el Gobierno más plata? Si estuviera tan urgido de recursos para pagar, por ejemplo, el servicio de la deuda de 112 billones de pesos, no hubiera creado un nuevo ministerio como el de la Igualdad, ni hubiera creado nuevas embajadas, ni contratado bodegueros, ni aumentando la nómina con contratos por prestación de servicios: los gastos de funcionamiento han aumentado 20%.
No es el momento para mayores impuestos. Alguien tiene que hacer entrar en razón al Presidente, y el llamado a dar ese paso es el ministro Bonilla en quien confían los mercados.
Lamentablemente se está volviendo costumbre que el presidente Petro ataque a los presidentes del Senado cuando quiere pasar una reforma o un proyecto de ley con el que el Congreso no está de acuerdo. Así como atacó a Iván Name cuando estaban en el trámite de la reforma a la salud y la pensional, ahora repite la dosis acusando a Efraín Cepeda, de ser beneficiario de un supuesto golpe de Estado en su contra, cuando su gobierno quiere pasar un presupuesto desfinanciado.
En vez de recurrir a las presiones indebidas y a las amenazas, bien haría el gobierno en intentar ser austero y llegar a acuerdos con el Congreso en las próximas semanas. ¿Será mucho pedir?