En un año en el que la situación económica será compleja por la desaceleración de su aparato productivo y una inflación galopante, y a meses de realizarse las elecciones regionales para alcaldes y gobernadores, el gobierno contará con recursos adicionales que debería invertir para generar progreso y empleo, en lugar de recurrir a métodos populistas de repartir plata en rama buscando ganar favores electorales.
Además de los 20 billones de pesos que entrarán a las arcas nacionales por la reforma tributaria aprobada el año pasado, se suman los mayores recaudos de la Dian, que crecieron 31,5% con un total de 228 billones por el buen desempeño económico, que estaría por encima del 8%, uno de los mejores de América Latina. Y se agrega la plata que girará Ecopetrol por concepto de impuestos dividendos y regalías, de 52 billones de pesos, una buena parte de la cual se irá para cubrir el hueco del fondo de estabilización de precios de los combustibles.
Después de hacer sumas y restas y de cruzar gastos e ingresos en el presupuesto general de la nación aprobado por 405,6 billones de pesos, el Ministerio de Hacienda presentará una adición presupuestal al Congreso por 20 billones de pesos, que incorpora los recursos de la reforma tributaria.
Cabe señalar que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el presidente Gustavo Petro habían dicho que los recursos de la tributaria se destinarían a apoyar programas sociales, mejorar las vías terciarias, los centros educativos y de salud y para el tratamiento de agua potable.
Pero con el paso de los días se han ido sumando más gastos que no estaban inicialmente planeados y que despiertan suspicacias porque este año el país elegirá nuevos mandatarios locales, y el Pacto Histórico querrá tener un gran protagonismo en las regiones para consolidar su liderazgo y quitarles poder a sus contradictores. Roy Barreras, presidente del Congreso, reconoció que los años electorales son un riesgo para las coaliciones de gobierno, por eso hay que fortalecerlas en las regiones.
Uno de los anuncios que sorprendió fue el del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien dijo que de esa adición presupuestal saldrían los recursos para pagar la mitad de lo que dejará de cobrar por la reducción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para motos de menor cilindraje, taxis y microbuses, que supera los dos billones de pesos. Es decir, que todos terminamos pagando con nuestros impuestos.
Como si la creatividad no bastara, para evitar demandas de los concesionarios ante la decisión de no reajustar los peajes, los recursos que debían pagar los dueños de los carros que usan las vías también los pagaremos todos los colombianos con impuestos, y después con valorización.
Pero es necesario que los órganos de control le echen bien el ojo a los recursos que ya el gobierno Petro está pronto a distribuir. O en algunos casos puede ya estar distribuyendo. Por ejemplo ha empezado a repartir 1,6 billones de pesos para los afectados de la ola invernal, a través de las Juntas de Acción Comunal.
También está diseñando la entrega de hasta 8 billones de pesos del Invías para las Juntas de Acción Comunal del país, con el fin de construir vías terciarias. Ojalá sí se conecte como es debido a las comunidades y no se conviertan en fortines para el uso de pequeños caciques locales.
Todavía no entran a operar varios de los subsidios que prometió el gobierno, entre ellos los 500.000 pesos para más de tres millones de adultos mayores, que estarían atados a la aprobación de la reforma pensional que contempla un pilar solidario para dicho pago.
Además, están los subsidios de un millón de pesos para cada uno de los 100.000 jóvenes gestores de paz, que valen más de 1,2 billones de pesos. Esta propuesta despierta una gran polémica porque se beneficiarán, entre otros, muchachos que habrían participado en protestas que terminaron en actos de violencia, mientras que otros jóvenes pobres, de municipios apartados, que no tienen oportunidades de progreso, no recibirán ninguna ayuda.
Otros 500.000 pesos se comenzarán a entregar a madres cabeza de familia, recursos que reemplazan el Ingreso Solidario que creó el gobierno Duque durante la pandemia y que se acabó el pasado diciembre. Hasta el momento se vienen girando los recursos para los programas que están vigentes desde hace años como Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, mientras entran a regir las nuevas ayudas.
Si bien es necesario beneficiar a los colombianos que están en pobreza extrema y mantener algunos programas sociales, también hay que invertir más recursos que le permitan al país seguir creciendo y generar fuentes de trabajo para disminuir la pobreza. No se pueden entregar ayudas a diestra y siniestra porque los recursos son limitados y las fuentes de ingreso no son permanentes.
El año entrante la situación del gobierno no va a estar para repartir a manos llenas. En primer lugar porque el recaudo de impuestos se verá mermado si la economía crece menos del 2% como muchos pronostican; y en segundo lugar, porque el efecto de la reforma tributaria ya habrá pasado y es posible que Ecopetrol no registre utilidades extraordinarias como en el 2022. De ahí la necesidad de que el gobierno actúe ahora con responsabilidad política y sin tomar decisiones populistas que son pan para hoy y hambre para mañana. .
