La negociación del salario mínimo para el año 2021 ocurre en medio de una pandemia global que ha llevado a la configuración de un escenario económico y social extraordinario e inédito en la historia reciente de la humanidad y del país.
En el caso de Colombia, el confinamiento generalizado y las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno nacional han dado origen a una profunda recesión económica que, a través del cierre de empresas y negocios, de la destrucción masiva de fuentes de trabajo y de la caída abrupta de los ingresos, ha impactado negativamente el crecimiento del aparato productivo y la generación de empleo.
Todo esto lleva a que, en la mesa de negociación del salario mínimo para el año 2021, la actitud y la disposición de los actores deban ser unas muy distintas a las que prevalecieron hasta el año pasado.
En particular, en las nuevas circunstancias se impone la necesidad de actuar con una genuina solidaridad con los millones de ciudadanos que, directa o indirectamente, se verán afectados por las decisiones que se adopten en materia del salario mínimo.
Así, los empresarios deben pensar no sólo en cómo recuperar el ritmo de sus negocios y los balances económicos de las empresas, sino también en cómo cumplir con su función social como empleadores y generadores de riqueza para toda la sociedad.
Los sindicatos, por su parte, como representantes en la mesa de negociación de los trabajadores del país, deben velar no sólo por los beneficios que, a través de sus conquistas sindicales derivan de un incremento lo más alto posible en el salario mínimo, sino, y más importante aún, por el bienestar de millones de trabajadores informales a los que no los cobija ningún tipo de organización sindical ni reciben beneficios especiales distinto al pago o al ingreso derivado de su trabajo diario.
Infortunadamente, este último grupo, aunque suene paradójico, es el que resulta más perjudicado por un aumento desmedido del salario mínimo.
Así mismo, empresarios y trabajadores deben tener muy en cuenta que, mal que bien, en las pasadas décadas el país ha venido, progresivamente, alcanzando importantes avances en materia social como han sido la reducción de la pobreza, el aumento de los ingresos de los hogares, la ampliación de la clase media y el acceso creciente a diversos servicios sociales (como la educación y la salud). Estos logros no deben perderse.
En estas circunstancias, se hace necesario que en la mesa de negociación se acuerde un salario mínimo que asegure el sano equilibrio entre mejores ingresos de los hogares y la generación creciente y acelerada de nuevos puestos de trabajo formales e informales.
Ello demanda que los representantes de los trabajadores y los empleadores fijen su mirada más allá de la formalidad en los empleos y consideren que con sus decisiones se está afectando a millones de personas y hogares que viven en la informalidad.
De otra parte, el Gobierno debe ser consciente de la urgente necesidad que existe de emprender las reformas estructurales que por años se han aplazado. Entre ellas están la laboral y la pensional.
El desarrollo de un mercado laboral más flexible, formal e incluyente requiere la puesta en marcha de dichas reformas, asunto que, necesariamente, debe ir de la mano de diversas políticas y medidas que aseguren una pronta y sólida recuperación económica y social.
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