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Más empleo, pero más informal

Colombia necesita una reforma que promueva decididamente la formalización, elimine barreras innecesarias a la contratación y se alinee con las realidades y capacidades de su tejido productivo.

hace 10 horas
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  • Más empleo, pero más informal

Colombia recibió recientemente una noticia económica, en principio, alentadora: la tasa de desempleo se ubicó en 9,3 % en febrero de 2025, su nivel más bajo desde 2017. A esto se suma una tasa de ocupación que alcanzó el 59%, el mejor registro desde finales de 2018. Esto quiere decir que hay casi un millón de colombianos empleados más de los que había hace un año.

Todas son señales positivas y es bueno aplaudirlas, porque da motivos para el optimismo en medio de un entorno económico con resultados todavía moderados: el crecimiento del PIB en 2023 y 2024 estuvo por debajo de lo deseado, y aunque para 2025 se proyectan mejores cifras, el ritmo aún no supera el 3 %.

Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta mejora en el empleo tiene una contrapartida menos entusiasta: la informalidad. Según el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, basta un cálculo sencillo para advertir que la mayoría de los nuevos empleos no son de buena calidad. Es decir, descontando el 22% de los nuevos puestos de trabajo creados en el sector público, el resto, el 78%, se crearon en el sector privado, 86 de cada 100 de estos empleos se crearon en sectores informales. Es decir, por cada diez empleos nuevos en el sector privado, al menos ocho carecen de las prestaciones y demás beneficios que trae consigo la formalidad.

Sectores como el financiero, el inmobiliario y el de comunicaciones, que son los que aportan más empleos formales, en vez de aumentar puestos de trabajo registraron una pérdida de 127.000 empleos. En contraste, los sectores con alta informalidad —como agricultura, comercio, alojamiento y transporte— fueron los principales generadores de nuevos puestos.

Según el más reciente informe del mercado laboral de ANIF, la informalidad se ubicó en 56,8 % para el trimestre de diciembre a febrero. En las zonas rurales, esta cifra es aún más alarmante: supera el 80%. Eso significa que tener un empleo formal, es decir, con los derechos que establece la ley, para más de la mitad de los trabajadores del país es tristemente un deseo que se ve lejano.

El problema de fondo es estructural. De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, una de las principales causas de la alta informalidad en Colombia es que para muchas pequeñas y medianas empresas —que representan la mayor parte del tejido empresarial del país— las cargas parafiscales y la rigidez de las normas les hace inviable formalizar a su planta laboral.

Y el problema es que eso no solo afecta la calidad del empleo, sino también la sostenibilidad del sistema de protección social. Por ejemplo, solo uno de cada cinco ocupados cotiza a pensiones durante más del 75 % de su vida laboral. Sin una base amplia de cotizantes formales, los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales quedan permanentemente expuestos a la fragilidad financiera y la dependencia de subsidios estatales.

Por eso, aunque la caída del desempleo es una señal positiva, debe ser leída con cautela. La informalidad laboral no es solo un sinónimo de inestabilidad para quienes la viven, sino también un obstáculo serio para el desarrollo económico y social del país.

El hecho de que más del 50% de los trabajadores en Colombia vivan en un entorno donde un salario mínimo con todas las prestaciones no es lo “mínimo”, sino una excepción, debería motivar una profunda discusión nacional.

Es urgente construir un consenso político que permita una reforma laboral integral, centrada en quienes hoy están por fuera del radar institucional. Paradójicamente, estos trabajadores —que representan a la mayoría— están subrepresentados en los sindicatos y otras instancias que participan en las negociaciones del salario mínimo o en las discusiones sobre posibles reformas.

Colombia necesita una reforma que promueva decididamente la formalización, elimine barreras innecesarias a la contratación y se alinee con las realidades y capacidades de su tejido productivo. Solo así podrá aspirar a un mercado laboral más dinámico: porque un país con más empleo, pero sin derechos ni estabilidad, no es necesariamente un país más justo ni más próspero.

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