Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
A trece meses de haber sido sancionada por el presidente Gustavo Petro, la reforma pensional sigue sin despegar. Su entrada en vigor, que estaba prevista para el primero de julio de este año, permanece en un limbo jurídico y técnico que no solo desconcierta, sino que pone al descubierto la falta de rigurosidad con la que se ha aprobado la reforma en el Congreso.
La incertidumbre actual no es fruto de una controversia ideológica sino producto de un trámite atropellado y descuidado que, con toda razón, ha encendido las alertas de la Corte Constitucional. Y ahora también se suma la recién conocida falta de preparación del Gobierno Nacional para poner a funcionar lo que ordena la reforma.
La decisión final de su entrada en vigencia se mantiene en manos de la Corte Constitucional que la devolvió a la Cámara de Representantes para que subsanara los vicios de trámite al aprobar, sin discusión y a pupitrazo, el texto discutido en el Senado. Valga decir que la Cámara volvió a aprobar sin mayor discusión el mismo articulado en sesiones extraordinarias, con lo cual habría repetido el mismo error de procedimiento. Sin embargo, en el informe que la Cámara envió a la Corte la semana pasada, da por superados los errores procesales e indica que se realizó la votación, que fue ampliamente mayoritaria –104 votos a favor y 9 en contra–, y que se aprobó la proposición sustitutiva, sin reabrir el articulado que ya había sido aprobado por esa corporación.
No se sabe cuánto tiempo se tomará nuevamente el alto tribunal para analizar de fondo y de forma la pensional y si quedará satisfecho con las explicaciones de la Cámara y la manera cómo se tramitó el proyecto, o volverá a hacer observaciones.
La Corte Constitucional tendrá una prueba de fuego. No sobra recordar que podría haber un vicio de fondo monumental: los presidentes del Senado y de la Cámara, para ese entonces –Iván Name y Andrés Calle– fueron detenidos por orden de la Corte Suprema por supuestamente haber recibido coimas para agilizar el trámite de las reformas del Gobierno. Si se prueba o se tienen dudas de este tipo de irregularidades en el procedimiento legislativo difícilmente la reforma podría tener el aval de los magistrados.
Lo cierto es que esta reforma implica un vuelco en la manera como venía operando el sistema pensional en Colombia, acaba con la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Todos los trabajadores del país quedarán vinculados obligatoriamente a la estatal Colpensiones para sus cotizaciones hasta 2,3 salarios mínimos, los que ganen más de esta cifra tendrán que ahorrar los ingresos adicionales en los actuales fondos privados de pensiones, que pasarán a llamarse Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, Accai.
Este es un cambio importante. El Estado deja de dar subsidios a las pensiones más altas. Pero, curiosamente, ampliará la base de personas a las que les dará subsidios a sus pensiones hasta 2,3 salarios mínimos.
Si bien los fondos privados han invertido millonarios recursos para adaptarse a las nuevas condiciones, y Colpensiones también ha dicho que ha hecho lo propio; el Banco de la República, que jugará un papel importante, ha tenido que salir a pedirle a la Corte que en caso de que declare constitucional la reforma dé un plazo de tres meses para que todas las entidades involucradas en la puesta en marcha del nuevo sistema pueden adecuar los cambios tecnológicos, operativos y administrativos.
El Banco de la República tendrá como tarea la administración de una cuenta especial que se llama Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que manejará los aportes del nuevo sistema. Una función que le da tranquilidad a los trabajadores porque sabrán que una entidad seria manejará estos recursos y en teoría no permitiría que ningún gobierno les eche mano a esos ahorros como pasó en Argentina.
Sin embargo, a pesar de la ambición de los cambios, el gobierno no tiene listo el andamiaje para su implementación. El Ministerio de Hacienda reconoció, mediante comunicación revelada por la congresista Catherine Juvinao, que aún faltan aspectos clave por definir: el contrato con el Banco de la República para manejar los aportes mencionados, el diseño del cálculo para rentas vitalicias y la reglamentación de fondos generacionales, esenciales para asegurar rentabilidad según la edad y perfil de los afiliados. A esto se suma la preocupación de Asofondos sobre el vacío normativo en torno al seguro previsional para los afiliados en transición.
Sea cual sea el fallo, hay un asunto que debe preservarse y es el bono pensional para adultos mayores vulnerables. Y lo que todos debemos tener claro es que ese subsidio no depende de que la reforma pensional se apruebe. Ese subsidio se da en el país desde 2008, y hoy lo reciben 1,6 millones de adultos mayores. La idea es que el monto sea mayor —llegar a 223.000 pesos— y ojalá cubrir a todos los que no tienen con qué pasar su vejez. Pero para eso no se necesita la reforma, como dice el presidente Petro para presionar a la Corte Constitucional: se necesita solo voluntad política y priorizar ese gasto o inversión en el presupuesto. Cosa que, lamentablemente hay que decirlo, no ha hecho Gustavo Petro en los tres años que lleva de gobierno.