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No hay vocablo tan manipulado y tergiversado en la historia de la humanidad como la palabra “pueblo”. Tanto que cuando un líder moderno la evoca se encienden de inmediato las alarmas porque la historia ha demostrado que ha sido usada para los mayores abusos del poder.
Durante la Revolución Francesa, Robespierre envió a miles de personas a la guillotina con el argumento de que quienes se oponían eran enemigos del pueblo. Algo parecido ocurrió con Stalin, quien acuñó la etiqueta de “enemigo del pueblo” y con ella como bandera desató purgas, juicios falsos y deportaciones masivas. Y tanto Hitler como Mussolini elevaron al “pueblo” a la categoría de mito fundacional de sus regímenes.
En democracias formales, el uso desmedido del término “pueblo” puede derivar en populismos peligrosos.
Este contexto viene a lugar porque el presidente Gustavo Petro se ha dedicado a invocar al “pueblo” para justificar acciones que bordean o van en contra de la Constitución. Su insistencia en convocar una consulta popular por decreto, pese al hundimiento del proyecto en el Congreso, ha encendido alarmas sobre el riesgo de que el Presidente se declare como el único intérprete de la voluntad popular. Como dijo el jurista Rodrigo Uprimny, “el pueblo no es propiedad del Presidente”.
Petro ha construido su relato político en torno a una constante: su supuesta preocupación por el pueblo. Pero se queda solo en carreta porque un balance de su gobierno indica que está haciendo todo lo contrario: acabando con los beneficios que el Estado ha ido construyendo para el “pueblo”.
Hace unos días, EL COLOMBIANO publicó un informe sobre qué ha pasado con el programa Jóvenes en Paz y bien se puede concluir que es una metáfora de esta contradicción. El programa que nació como una promesa de Petro para dar alternativas a jóvenes en riesgo de caer en el crimen, se ha convertido en un ejemplo de improvisación, abandono y frustración. La cobertura apenas si roza el 28% de la meta, con retrasos de hasta ocho meses en los pagos, beneficiarios fantasma, tutelas y huelgas.
Este no es un caso aislado. Es una tendencia. En 2025, cerca de 10.000 hogares en Bogotá en pobreza extrema dejaron de recibir el subsidio del programa nacional “Colombia sin Hambre”, eliminado por recortes presupuestales del Gobierno. Fue el Distrito, el que tuvo que salir al rescate con recursos propios. ¿Qué dice esto? Que, mientras Petro se arroga el discurso de la inclusión y la justicia social, su gobierno ha abandonado a miles de familias que dependen del Estado para subsistir.
Lo propio ha ocurrido en Medellín y Antioquia con programas sociales a los cuales ya nos hemos referido de manera amplia.
Hay más. A los trabajadores les incumplió con la promesa de eliminar los contratos de prestación de servicios. Y no es que sea fácil hacerlo. Pero lo que deja en evidencia la hipocresía del mandatario o si se quiere su doble moral, es que a pesar de haber llamado “esclavitud” a esta figura laboral, su gobierno ha batido récords en la suscripción de contratos por prestación de servicios. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, el número de estos contratos en el Estado aumentó un 44% entre 2020 y 2024. Nada cambió. Ni la precariedad, ni el clientelismo.
También hay otros casos graves y estructurales. La destrucción del sistema de salud, por ejemplo: quienes más lo están sintiendo son los más pobres, a los que les cierran servicios de atención o les niegan medicamentos. El no pago del Gobierno de los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3: luego de estar atrasado en pagos desde 2023 hace poco decidió girar parte de la deuda, pero la distribución del gas GLP en las zonas rurales está en riesgo. La obstinación en no explorar gas detuvo la velocidad con la que el país venía surtiendo ese elemento vital, de suerte que ahora tocó comenzar a importarlo y las tarifas de este combustible se han disparado. Petro también eliminó el subsidio para vivienda de interés social, le puso impuesto al mecato y ha promovido un programa de ‘paz total’ que en la práctica ha provocado la retoma del territorio por las bandas criminales y desplazamientos que afectan de forma directa a las clases populares.
Todo nace de decisiones que ha tomado Petro y una tras otra contradicen el relato de un gobierno que dice estar con el pueblo. Se proclama como la voz del pueblo, dice gobernar en su nombre y en su beneficio sin embargo, a casi tres años de mandato, la distancia entre esas palabras y la realidad es dolorosa. Mientras en sus discursos y en sus mensajes de X abunda la promesa, en sus actos se expresa con recortes y fracasos administrativos que afectan a los más vulnerables. No se gobierna para el pueblo solo con discursos. Se gobierna con resultados, con programas que funcionan, con políticas que transforman vidas. Cuando se dice estar con los más necesitados, pero se les quita lo poco que tienen, no hay justicia social. Hay traición al mandato popular.