Los candidatos a la Alcaldía de Medellín que puntean en las encuestas son quienes tienen un discurso más definido y firme en políticas de seguridad ciudadana.
Aparte de los tutores que amparan al candidato, o de la consistencia de sus propuestas y la verosimilitud de sus promesas, que sean estos candidatos los que más atención reciben del electorado tiene una razón lógica: de conformidad con la encuesta Gallup de medición de intención de voto (agosto de 2015), en Medellín la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad ciudadana, es el primer motivo de preocupación para la gente.
Dicha encuesta refleja que en todos los estratos socioeconómicos la inseguridad es el factor que más afecta su calidad de vida: el 49,7 % de los encuestados asegura que es el principal problema que tiene esta ciudad. Y casi el 60 % dice que la situación de inseguridad está empeorando.
El próximo 2 de octubre se darán a conocer los resultados de la décima Encuesta de Percepción Ciudadana, de Medellín Cómo Vamos, realizada por Ipsos-Napoleón Franco, en la que también hay indicadores sobre la percepción de seguridad/inseguridad. Un tema sensible no solo socialmente, como lo reflejan las encuestas, sino políticamente, por la hipersensibilidad de las autoridades, no solo las de ahora, tan celosas con las cifras y tan poco receptivas a las demandas de la ciudadanía, que asumen como “opositoras”.
Precisamente hace algunos días Medellín Cómo Vamos y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) convocaron, en la Universidad Eafit, un foro y un encuentro con los candidatos, para tratar el tema de los homicidios en Medellín y la seguridad ciudadana. Acudieron (y citamos por orden alfabético del nombre) Alonso Salazar, Federico Gutiérrez y Héctor Hoyos.
Allí la FIP propuso 11 claves para la política de la seguridad urbana (ver resumen en el recuadro Opinión). Los candidatos asistentes fueron receptivos y expusieron sus puntos de vista, dentro de los cuales cabe destacar la necesidad de contar con mecanismos que aseguren la transparencia de los aliados imprescindibles para una política de seguridad exitosa: la Policía y la Justicia.
Los analistas también coincidieron en un llamado para el próximo alcalde: que no delegue el manejo de la seguridad. Que asegure estabilidad y coherencia en los programas, y que asuma un liderazgo efectivo e indiscutible sobre la acción policial.
Medellín se ha configurado como urbe en un entorno de área metropolitana donde se ve afectada por lo que pasa en los otros municipios de la conurbación. La política de seguridad tiene que ser metropolitana, trabajando con las herramientas que, entre otras cosas, diseñan las autoridades nacionales. La capital de Antioquia ha invertido multimillonarios recursos en equipamiento y tecnología para la Policía. El alcalde debe exigir a la Policía que responda al esfuerzo de la ciudadanía. Porque el jefe del gobierno local puede desgañitarse reclamando seguridad pero poco logrará si la Policía no le rinde cuentas, no le obedece ni tira para el mismo lado, y tampoco lo logrará si la justicia sigue considerándose al margen de una política integral de seguridad ciudadana.
Nadie quiere elegir a un alcalde que se limite a ser inspector de Policía. Es mucho más lo que se necesita. Pero la ciudad tampoco se resignará a un alcalde que no se sienta directamente responsable de la seguridad de sus habitantes.
