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La manera cómo la Fiscalía General de la Nación está manejando el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, deja un inquietante mal sabor sobre cuál puede ser el verdadero propósito que está inspirando, al menos en este caso, al más importante organismo de investigación del país.
EL COLOMBIANO reveló este jueves que el gobernador Rendón lleva 71 días ‘chuzado’ por la Fiscalía –ya serían 74 días porque sigue contando– cuando apenas está en indagación preliminar, sobre un contrato de hace más de seis años, y que por ende deja muchos interrogantes sobre la posibilidad de que se trate de una persecución política.
La Fiscalía General por supuesto tiene la obligación de investigar todos los delitos que se cometan. Ni más faltaba que no se encargaran de dar con los responsables de infringir la Constitución. Sin embargo, ¿Qué lógica puede tener que intercepten los teléfonos del Gobernador de Antioquia en 2025 para investigar una supuesta anomalía ocurrida con un contrato que terminó en 2019?
El país esperaría que la fiscal delegada ante la Corte Suprema encargada del caso –toda vez que el gobernador tiene fuero– revise los detalles del contrato y al menos advierta qué tipo de irregularidad está investigando. A primera vista, cuando se revisa el caso, no parece existir ninguna. Se trata de la construcción de dos CAI, que efectivamente, a diferencia de muchas obras en el país, se construyeron a tiempo: uno se entregó en 2017 y otro en 2019.
Los CAI fueron pedidos por los habitantes de dos zonas críticas, además para el turismo, según consta en testimonios de las Juntas de Acción Comunal. No hay ninguna queja de sobrecostos. Fueron recibidos a satisfacción por la Policía.
El único inconveniente fue que la Policía se demoró en ponerlos en funcionamiento. Y, por eso, la demanda que interpusieron contra el hoy gobernador fue por supuesto detrimento. ¿Acaso si un alcalde construye un colegio y el Ministerio de Educación se demora en poner lo a funcionar lo llevan a la cárcel?
Pero ese impasse ya se superó. Los dos CAI están operando hoy con un impacto de mejora de la seguridad. Y lo que es aún más extraño, el entonces alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, no fue quien firmó el contrato sino la Empresa de Desarrollo de Rionegro.
La Fiscalía investiga el caso desde 2023, no ha anunciado ninguna irregularidad y entonces ahora, y desde mayo, intercepta al gobernador. ¿Significa que la Fiscalía chuzará los teléfonos de cualquier mandatario contra quien interpongan demanda alguna, sin importar que no haya firmado el contrato? Suena bastante peligroso.
En este caso del gobernador Rendón, además, la Fiscalía ha cometido varios “lapsus” que no hablan bien de la seriedad de la institución para un caso tan delicado como es el de quien dirige los destinos de todo un departamento. Hace dos meses la fiscal general Luz Adriana Camargo dijo en rueda de prensa que el gobernador estaba “imputado”, cuando no era así. Ni siquiera hoy lo está. Como si eso fuera poco, en un auto relacionado con el caso, en el cabezote escribieron “Condenado: Andrés Julián Rendón”.
El trasfondo de este caso no puede separarse de la coyuntura política. Dos días antes de las elecciones de 2023 la Fiscalía anunció imputación en su contra por supuesta receptación, imputación que nunca se produjo. ¿Estaban utilizando en ese entonces la Fiscalía para afectar las elecciones?
Y ahora, en manos de una fiscal delegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, se ha reactivado en momentos en que el gobernador Rendón se ha destacado por asumir posiciones críticas contra el gobierno de Gustavo Petro.
No es menor el hecho de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá haya calificado como “desproporcionadas” las interceptaciones e intrusivas en la vida privada de Rendón. Sin embargo, apenas unos cuantos días después una sala del mismo tribunal resolvió la apelación de la Fiscalía a su favor.
Tampoco es menor el hecho de que existan investigaciones de enorme trascendencia nacional y sobre las cuales sí se tienen las pruebas del ilícito que parecen estar engavetadas con llave en el búnker de la Fiscalía esperando su preclusión.
Como el caso del escándalo de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro que implica al hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El expediente que construyó el Consejo Nacional Electoral abunda en pruebas sobre el entonces gerente de campaña; o obstante, nada pasa en la Fiscalía.
Cuando a los justos los investigan y sobre los que han transgredido la ley la justicia se hace la de la vista gorda, el contrato social comienza a desmoronarse. Sería doloroso para Colombia que la Fiscalía en manos de una mujer con gran trayectoria en la Rama Judicial termine haciendo volar en mil pedazos la confianza de los colombianos.
En el caso del Gobernador de Antioquia, no es solo su libertad la que está en juego, sino la tranquilidad de un departamento al que nada bien le hace tener a su mandatario ocupando su tiempo en defenderse contra molinos de viento.
Colombia necesita una Fiscalía que concentre sus energías en combatir el crimen, la corrupción vigente y los verdaderos carteles de contratación, en lugar de desgastarse en expedientes que dejan más preguntas políticas que certezas jurídicas.