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En ningún país serio la muerte violenta de un senador opositor puede ser tratada con la ligereza y con la improvisación política con la que lo ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay exige un mínimo respeto, respuestas responsables y con datos ciertos de parte del jefe de Estado. Pero desde el 7 de junio, cuando un adolescente le disparó al senador, el mandatario lo único que ha hecho es jugar al detective. Lo ha hecho sin pudor alguno. Mostrando cómo le hace de falta todo lo que tanto pregona: humanidad.
Desde su primera alocución, la misma noche del crimen, Petro decía saber de dónde venían las balas asesinas: “Uno puede decir como una primera hipótesis que tiene la marca de los asesinatos de los dirigentes políticos de Colombia porque los asesinos intelectuales quieren amedrentar la sociedad, y a partir del miedo y el terror, cooptar el Estado para que el Estado sirva al crimen”.
Y desde entonces ha cambiado su versión sobre quién es el asesino intelectual una y otra vez. Hace acusaciones temerarias sin pruebas, a diestra y siniestra que, en lugar de esclarecer, aumentan la incertidumbre del país.
En poco más de dos meses, el jefe de Estado ha señalado como posibles autores a los grupos criminales de la Segunda Marquetalia y a estructuras disidentes del Estado Mayor Central, en otro momento dijo que Álvaro Leyva era el “instigador”, hace poco señaló al ELN, y en su más reciente descubrimiento está diciendo que sería la llamada “Junta Directiva del Narcotráfico”.
Petro cambia de hipótesis, como si cambiara de camiseta, y en ningún caso ha aportado evidencias concretas que permitan sostener alguna línea investigativa seria. No solo le hace daño a la confianza de los ciudadanos en la justicia y se muestra como un Presidente que ha perdido el rumbo, sino que afecta el desarrollo del caso particular, a la familia y a los deudos de la víctima, y en general al país todo que se duele una vez más del manoseo que hace el jefe de Estado al asesinato de Miguel Uribe.
El contraste entre la magnitud del crimen y la inconsistencia de las explicaciones oficiales resulta alarmante. Un magnicidio de estas proporciones no puede convertirse en terreno de especulación política ni en tribuna para ajustar cuentas con adversarios personales. El país ya conoce las consecuencias de investigaciones manchadas por la ambigüedad o la manipulación.
Esa forma de actuar deja en el aire la sensación de que el propio presidente tiene algún interés en generar zozobra y duda permanente. ¿Por qué un jefe de Estado, en vez de esperar a la Fiscalía, se empeña en lanzar tantas conjeturas? ¿Acaso lo hace adrede con algún inquietante propósito? ¿O acaso las dificultades personales que lo aquejan le hacen actuar con poca conciencia pública y sin filtros?
¿O será tal vez que ha llegado a un grado de cinismo tal que lo único que le interesa es generar titulares en los medios de comunicación para desviar la atención sin importarle que utiliza un caso tremendamente doloroso para la sociedad?
Cualquiera de esas opciones sería preocupante, porque todas deterioran a Colombia y, sobre todo, la dignidad de una víctima cuya memoria no puede ser utilizada como ficha en un tablero político.
El dolor de la familia Uribe Turbay y de sus compañeros de lucha política, se suma al desconcierto de la ciudadanía. Los colombianos merecen claridad, no un festival de versiones. La obligación del Estado —y en particular del Presidente— es garantizar una investigación seria, independiente y transparente. Si Gustavo Petro no es capaz de ofrecer una sola prueba que respalde sus acusaciones, lo mínimo que debería hacer es guardar silencio y permitir que las instituciones cumplan su labor. Lo contrario agrava la herida de un país ya bastante golpeado por la violencia política.
Por ello, el llamado debe ser urgente: la Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo absoluto de este proceso. Hoy no estamos en los tiempos de los asesinatos de Galán, o de Álvaro Gómez o de Carlos Pizarro, por mencionar solo algunos, cuando la investigación se hacía con las uñas, buscando agujas en un pajar. Estamos en la época de los teléfonos celulares y los chats que se pueden rastrear, de las cámaras de video desplegadas por toda la ciudad, y de la inteligencia artificial. De manera que no se entendería que el asesinato de Miguel Uribe Turbay, a esta altura de la historia, quede atrapado en la impunidad y el desconcierto.
La actuación del presidente en este caso, que lanza acusaciones un día, y al día siguiente las rectifica o contradice, más allá del daño que le hace a la investigación es una escalofriante y deplorable imagen del estilo de gobierno de Gustavo Petro..