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Cuando un Presidente de la República amenaza con utilizar la violencia contra ocho congresistas que han decidido ejercer su derecho a votar de acuerdo con sus convicciones algo se ha quebrado de manera irreparable en ese Estado de Derecho.
Eso ocurrió en Colombia. Y el país todo debería condenar la manera como el presidente Gustavo Petro y las bodegas del gobierno se han dedicado a intimidar con el uso de la fuerza a senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral.
Una vez se conoció la noticia, Petro se desató en amenazas, ataques y hasta ordenó convocar a una consulta popular, sin examinar siquiera si era conveniente o si le sirve para sus deseos o no. Un comportamiento típico de un gobernante cada vez más autoritario, cada vez más caprichoso en la medida en que lo enceguece más el poder, que considera que sus deseos se convierten como por arte de magia en designios para toda la nación sin tener en cuenta lo que la Constitución ha consagrado sobre la importancia de la separación de poderes en una democracia.
Escribió Petro en su cuenta de X: “La comisión séptima en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia”. ¿Cómo así que un Presidente de la República amenaza con violencia al Congreso? ¿Cómo así que los congresistas no pueden votar en su saber y entender la opción que consideren? ¿Se siente acaso el Presidente tan poderoso como para intimidar de esa manera a otros también representantes del pueblo?
Porque además no es solo la frase del presidente Gustavo Petro, sino que de inmediato ese aparato de propaganda que ha creado su gobierno con bodegas en redes sociales se activaron contra los congresistas: “Estás identificado pedazo de rata, nos vemos en la calle, pronto una corona. El pueblo trabajador colombiano no olvidará esto”, pusieron, por ejemplo, en la cuenta del senador Honorio Henríquez.
La senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima, denunció que llevan una semana siendo víctimas de hostigamientos y amenazas, no solo ellos si no sus familias. La senadora Berenice Bedoya, del partido ASI, según versiones del Congreso, incluso terminó hospitalizada por el grado de intimidación al que la tenían sometida. Y eso no es poco decir si tenemos en cuenta que Bedoya ha superado retos difíciles de salud, como fue un tumor en el cerebro que amenazó con dejarla inmóvil. Los médicos le dieron un 1% de posibilidades de quedar bien. Y ella, una campesina antioqueña, dijo “yo me pego de ese 1%” y la vida le ayudó a hacer el milagro. Su historia es un ejemplo de superación en muchos sentidos.
Tal vez a sabiendas de su situación, el presidente Petro la emprendió específicamente contra ella ayer en uno de sus decenas de trinos desencajados en X: “Actúas bajo presiones, Berenice, y de las peores, de las que vienen de los poderosos del dinero”. Sin duda, estamos ante un nivel de irrespeto, de machismo, de desprecio por el otro que piensa diferente, pocas veces visto en un mandatario.
“Traicionaste a tu pueblo, a la gente humilde. No hay perdón para el que ataca al humilde con las garras de la codicia”, escribió Petro, sin reconocer que el mismo Banco de la República publicó una investigación en la que demostraba que la reforma laboral podría acabar con 450.000 puestos de trabajo.
Si alguien se pusiera en esa misma actitud pendenciera del mandatario le podría preguntar ¿Acaso presidente usted está defendiendo apenas a una minoría que tiene empleo formal y está cerrándole oportunidades a la mayoría que no tiene ese empleo formal?
Esta no es la primera vez que el aparato de propaganda del gobierno opera contra otros políticos utilizando una guerra sucia. En septiembre de 2023, las representantes Julia Miranda, Katherine Miranda y Cathy Juvinao cayeron en las garras de las bodegas del petrismo, la primera de ellas terminó en la clínica, la segunda quedó “sin ánimo de hablar” y la tercera decía “el petrismo y los del M-19 dejaron las armas, pero empuñaron otras, las de la violencia simbólica”.
Y también les pasó a los magistrados de la Corte Suprema cuando se estaban demorando en nombrar a la Fiscal, a quienes como el país lo recuerda, después de intentar desprestigiarlos en redes sociales, los acorralaron con consignas violentas en el Palacio de Justicia.
Lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro tiene cierto parecido con métodos que han utilizado los peores dictadores. En últimas no hay mucha distancia entre las tácticas de manipulación, acoso y desinformación de las bodegas digitales del petrismo, y las “camisas pardas” que actuaban como una fuerza de choque para intimidar y amenazar a los adversarios del nazismo. Si bien en esa época se llegaba a la eliminación de los opositores ahora se busca una aniquilación simbólica.
El Congreso no puede legislar bajo coacción ni con el miedo como telón de fondo. La esencia de la democracia es la confrontación de ideas, la posibilidad de disentir sin que ello implique un riesgo para la integridad personal. Las amenazas a congresistas no pueden normalizarse ni minimizarse. Petro, que tanto ha hablado de cambiar la política tradicional, no puede imponer la ley del miedo. Si realmente busca transformar el país, el primer paso es garantizar un debate libre de presiones indebidas, donde el poder no se ejerza a través del amedrentamiento, sino del respeto a las diferencias.
Ojalá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, y en general todas las organizaciones que defienden la libertad tomen atenta nota de estos estropicios.