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Susana Muhamad antes de abandonar el ministerio de Medio Ambiente dejó varios “regalitos” envenenados. Uno de ellos, la polémica resolución sobre el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá, que por fortuna el Tribunal de Cundinamarca ordenó suspender el pasado viernes.
Se trata de una resolución dictatorial sin consulta ciudadana y con un impacto profundo en el desarrollo de la capital, que responde a la visión extremista de la exministra, muy alineada con la agenda que seguramente seguirá promoviendo ahora como posible candidata a la alcaldía de Bogotá o al Congreso.
El Tribunal consideró que la resolución falla en la medida en que no concertó con las autoridades locales, lo cual es cierto, y porque afecta proyectos estratégicos. Dicho de otra manera es una muestra más de la creciente arbitrariedad con la que el gobierno de Gustavo Petro pretende imponer su visión ambientalista, abusando de sus facultades sin medir las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones.
En estos dos años y medio largos de gobierno se ha instaurado un modelo de tiranía ambientalista con impactos profundos para el país cuyas consecuencias serán difíciles de reversar.
En este caso particular, la resolución dirigida a la Sabana de Bogotá es, en el mejor de los casos, desconectada de la realidad y, más probablemente, un sabotaje deliberado contra los habitantes de la ciudad. La medida establece restricciones draconianas que afectan directamente proyectos de infraestructura, acceso a servicios básicos y vivienda esenciales para el bienestar de los cerca de 10 millones de personas que habitan la capital y sus municipios aledaños.
Aunque el impacto de la resolución es difícil de medir con exactitud debido a la ambigüedad con la que está redactada, lo que sí es claro es que pondría en jaque proyectos estratégicos como el Regiotram, futuras expansiones del Metro de Bogotá y la ampliación del Aeropuerto El Dorado. Además, pone en riesgo el derecho a la vivienda de miles de familias, ya que podrían quedar en un limbo legal si sus hogares son reclasificados como “zonas de protección”, sin mencionar la incertidumbre sobre proyectos de vivienda futuros. Desde una oficina del ministerio, se pretende, unilateralmente, negarles a millones de ciudadanos el derecho a que su ciudad crezca. No se trata de desconocer la importancia de la protección ambiental, sino de evitar que esta se use como excusa para imponer visiones ideológicas que sacrifican el bienestar de millones de ciudadanos.
El caso de Bogotá no es un hecho aislado. Durante su gestión, la exministra Muhamad impuso su visión ambientalista sin concertación en varias regiones del país, aplicando restricciones drásticas. Un ejemplo claro es la declaratoria de Zonas de Protección en el Suroeste antioqueño, donde, sin un sustento técnico riguroso ni diálogo con las comunidades, se puso en riesgo el avance de proyectos clave para la economía regional. Las medidas impuestas en esta zona, que afectan el 100% del territorio de varios municipios, amenazan con dejar en el limbo la construcción de vías, acueductos, el desarrollo agroindustrial e incluso el turismo, todo por un capricho desde Bogotá.
El modelo Muhammad pisotea la autonomía territorial, y deja en evidencia la incoherencia de un Gobierno: mientras Petro hace alarde de su compromiso con la democracia participativa, impone desde Bogotá, de manera unilateral y sin escuchar a las autoridades locales, decisiones que afectan de manera irreversible territorios enteros.
Un falso ambientalismo, como bien lo han definido, en la medida en que en vez de pensar cómo solucionar los desafíos, el Ministerio de Ambiente ha optado por la vía más fácil (y la más dañina): expedir prohibiciones a diestra y siniestra. Como si con un decreto pudieran frenar el crecimiento urbano. La verdadera sostenibilidad no se trata de impedir el desarrollo, sino de encontrar formas responsables de equilibrarlo con la conservación.
La suspensión del trámite por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es un primer paso para corregir este atropello, pero no es suficiente. Es fundamental que las instituciones del país, desde las altas cortes hasta la Procuraduría y la Contraloría, asuman su papel en la defensa del Estado de derecho y eviten que resoluciones como esta se conviertan en la norma.
El futuro de Colombia no puede quedar en manos de quienes creen que gobernar es lo mismo que decretar. La sostenibilidad debe ser un esfuerzo conjunto, no una tiranía impuesta desde un escritorio en el Ministerio de Ambiente. .