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El estado de caos –que ha sido la nota dominante en el funcionamiento del Gobierno Nacional– hace cada día más complejo para los ciudadanos e incluso para los medios de comunicación mantenernos al tanto de todos los escándalos que explotan en la Casa de Nariño.
Y lo decimos porque, en medio del terremoto que causó el desvarío presidencial sobre una supuesta “ruptura institucional” y las consecuentes marchas para presionar a la Corte Suprema, estaba pasando de bajo perfil un asunto igualmente grave para el país: se trata de los $13 billones que el presidente Gustavo Petro decidió poner a un ladito en el Presupuesto General de la Nación para utilizarlos como una suerte de caja menor.
Hay que aclarar que el presidente puede disponer de los recursos de libre destinación del presupuesto, pero no puede hacer lo mismo con los recursos que el Estado se ha comprometido a pagar por medio de contratos de obra, a través de las vigencias futuras.
Es como si un ciudadano cualquiera manda a hacer una casa, firma el contrato de obra, se compromete a dar una suma concreta a los contratistas en varios pagos y luego, cuando ya está avanzando la construcción les dice: Qué pena pero no les voy a terminar de pagar porque se me ocurrió que mejor voy a utilizar esa plata en otra cosa.
No respetar esas obligaciones del Estado no sólo va contra la ley, sino que puede provocar demandas multimillonarias –con todas las de ganar por parte de los contratistas– y, lo que es peor, puede dejar muchas obras estratégicas del país como el metro de Bogotá, el metro liviano de la 80, o el Túnel del Toyo, al garete. Al menos por un tiempo.
Según los datos conocidos hasta ahora, serían cerca de 100 obras de infraestructura las que quedarían empezadas, es decir, 100 elefantes blancos de todos los tamaños a lo largo y ancho del país.
Exministros, congresistas y expertos encendieron las alarmas porque estos $13 billones no quedaron con una destinación específica y por ende existe la posibilidad de que el presidente Petro los reparta a su discreción y sin criterios técnicos.
Si esto llegara a suceder, para utilizar una expresión de moda, podría tratarse de una verdadera “ruptura institucional” pues el Ejecutivo estaría usurpando las funciones del Poder Legislativo, dado que cualquier modificación en las asignaciones del Presupuesto General de la Nación debe tramitarse en el Congreso.
Tres ministros de toda la confianza de Gustavo Petro –el de Hacienda, Ricardo Bonilla; el de Transporte, William Camargo, y el entonces director de Planeación Nacional, Jorge Iván González–, trataron de todas las formas posibles de hacer entrar en razón al mandatario. El debate fue tan arduo, desde diciembre hasta bien entrado enero, que la cuerda se rompió por el lado más débil y Petro le pidió a González, uno de los funcionarios más técnicos y creíbles del gobierno, su renuncia.
La respuesta del Gobierno Nacional lejos de esclarecer los hechos se ha caracterizado por la opacidad. “Hay que examinar si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de las obras”, declaró el ministro Bonilla. Y difundió unas fotografías, desde un helicóptero en el que sobrevolaba la línea 1 del metro de Bogotá con el ministro Camargo, diciendo: “se evidencia el grado de avance, no hay pilotes a lo largo de la vía”.
¿Será que los ministros están preparando sus argumentos para admitir que, efectivamente, planean retirar la financiación al metro de Bogotá y a otros proyectos?
El presidente Petro ha manifestado abiertamente su oposición al metro de Bogotá –que solo le interesa si se cambia su diseño por uno deprimido– y también su rechazo a disponer recursos para proyectos de infraestructura en Antioquia, como las autopistas 4G, que ya van en más del 90%, o el Túnel del Toyo, que está listo pero le falta la vía de acceso que debe construir Invías.
La posibilidad de que el Gobierno Nacional esté explorando la manera de desfinanciar las grandes obras de infraestructura ya comprometidas para gastar los recursos a su antojo, lejos de ser una conjetura descabellada, emerge como una hipótesis creíble: cuando Petro fue alcalde de Bogotá, por ejemplo, se gastaron recursos de valorización en las chaquetas blancas de la Bogotá Humana y en refrigerios de eventos; y obras como las urgencias del Hospital de Kennedy o la sede de la Policía o el deprimido de la 94 quedaron congeladas hasta cuando llegó la siguiente administración a terminarlas.
Lo ideal sería que el Ministerio de Hacienda explique lo que está ocurriendo. En caso de que se haya producido un error, resulta esencial detallar qué pasos se seguirán para rectificarlo. Expertos en la materia sugieren que sería suficiente emitir un “decreto de yerros” que ajuste los rubros del Decreto de Liquidación presupuestal que no fueron especificados adecuadamente, evitando así posibles litigios que podrían invalidar el decreto y poner en riesgo la asignación de recursos para el 2024.
El posible incumplimiento del compromiso soberano con las vigencias futuras compromete la seguridad jurídica y mina la confianza de los inversionistas que le apostaron al desarrollo de infraestructura en el país. ¿Por qué continuar alimentando la incertidumbre en un sector ya impactado por políticas populistas como la congelación de tarifas de peaje?
Si el Gobierno Nacional verdaderamente aspira a generar bienestar para las poblaciones más vulnerables, una de las mejores maneras de hacerlo es fomentando la inversión y la modernización de la infraestructura. Es imprescindible que el Gobierno, antes de que oscurezca más, aclare lo que está ocurriendo.