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Han pasado casi diez años desde la firma del acuerdo de paz con las FARC y apenas ahora, esta semana, tras un largo proceso, los antiguos miembros del Secretariado comienzan a reconocer con mayor claridad uno de los crímenes más atroces de la guerra: el reclutamiento de miles de niños y niñas.
La JEP documentó 18.677 víctimas, niños y niñas arrancados de sus familias, convertidos en guerrilleros, sometidos a castigos, abusos sexuales y obligadas a abortar.
Y en noviembre de 2024 imputó a los miembros del último Secretariado —Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo— con una lista de crímenes de una tragedia que marcó para siempre la vida de una generación.
Los exjefes guerrilleros debían decidir si aceptaban o no los cargos. En un principio, se demoraron en reconocer su responsabilidad, y apenas lo hicieron en julio de 2025. Pero esa primera declaración no les quedó bien, fue considerada insuficiente, porque se llenaron de justificaciones: daban a entender que a los niños nadie los había obligado a entrar en la guerra.
Hubo prórrogas, discusiones jurídicas y meses de deliberación sobre cómo hacerlo. Casi seis meses redactando cómo reconocer lo que ocurrió. Solo entonces, finalmente, optaron por aceptar, a través de un video, su responsabilidad.
Y esta vez, según los entendidos, el reconocimiento fue integral. Sin atenuante alguno y ciertamente estratégico. No es descabellado pensar que el temor a la Corte Penal Internacional pesó sobre los ex comandantes de las Farc, al momento de redactar un reconocimiento más completo.
El reclutamiento de menores es considerado crimen de guerra por el Estatuto de Roma, y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional lo ha dejado claro. En el caso Thomas Lubanga Dyilo, líder de una milicia en la República Democrática del Congo, la Corte lo condenó en 2012 por reclutar y utilizar niños soldados menores de 15 años. Años después, en el caso Bosco Ntaganda, otro comandante del mismo conflicto fue condenado a 30 años de prisión, entre otros delitos, por el uso de menores en hostilidades.
Ambos fallos establecieron un principio contundente: el reclutamiento de niños genera responsabilidad penal internacional individual, incluso para quienes dirigen las estructuras armadas. En esos dos casos, la Corte Penal habló del reclutamiento de cerca de 1.000 niños. ¡En Colombia –toca repetirlo– fueron 18.677!
Dieciocho mil seiscientos setenta y siete vidas son una fractura moral en la historia del país. Es el retrato de una infancia devastada. Es como si cada día durante 51 años los señores de la guerra le quitaron a un niño su vida y en vez de un lápiz le dieron un fusil, en vez de una familia un campamento y en vez del juego lo sometieron a obedecer el cruel lenguaje de las armas.
Pero lo más inquietante no es solo la magnitud del crimen, sino la lentitud con la que ha llegado la verdad. Casi una década después del acuerdo de La Habana, los responsables apenas están en la fase de reconocimiento, y todavía falta un largo trecho para que se dicten sanciones. ¿Tal vez llegarán cuando a nadie ya le importe?
Ahora la Sala de Reconocimiento deberá evaluar si la confesión cumple tres estándares: el jurídico, que implica admitir delitos no amnistiables; el de patrones de criminalidad, que exige explicar la práctica general y no solo casos aislados; y el restaurativo, que busca evitar que el reconocimiento sea justificatorio o revictimizante. Si lo supera, vendrán audiencias públicas de reconocimiento que suelen durar varios días, como ocurrió en el macrocaso de secuestro y en el regional del Cauca, donde víctimas y responsables se enfrentan cara a cara en escenarios profundamente dolorosos. Solo después de ese proceso podrá dictarse una sentencia que, dentro del esquema de la JEP, tal y como ocurrió en el caso del secuestro se tratará de restricción de la libertad, supervisada con brazaletes y participación en proyectos restaurativos.
Todo esto ocurre mientras el país intenta procesar una tragedia que se prolonga demasiado. La paz prometía verdad, justicia y no repetición. Pero la verdad llegó tarde; la justicia aún está lejos; y la no repetición sigue siendo una promesa frágil.
En muchas regiones del país continúan operando grupos armados que siguen las mismas rutas criminales: control territorial, economías ilegales y, otra vez, reclutamiento de menores. Algunas de esas estructuras nacieron precisamente de disidencias de las antiguas FARC o heredaron sus prácticas.
En este debate también hay responsabilidades políticas que no pueden ignorarse. Durante años, dirigentes de la izquierda colombiana defendieron o minimizaron la gravedad de lo que ocurría dentro de la guerrilla. Iván Cepeda, hoy candidato presidencial, fue durante mucho tiempo uno de los más persistentes defensores políticos de las FARC y del proceso que las llevó a la vida institucional. Esa defensa pudo tener sentido en la lógica de buscar la paz, pero la historia obliga hoy a una reflexión más profunda.
Por eso el reconocimiento tardío del Secretariado produce una sensación amarga. No porque el país no necesite la verdad —la necesita y la merece— sino porque llega cuando la esperanza de que la violencia no volvería a repetirse parece cada vez más frágil. La tragedia no es solo lo que ocurrió durante décadas de guerra. La tragedia es que, diez años después del acuerdo que debía cerrarla, Colombia sigue esperando justicia mientras nuevos grupos criminales recorren los mismos caminos de violencia.
La paz prometía que la historia no se repetiría. Hoy, lamentablemente, esa promesa todavía está por cumplirse.