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Como si no fueran pocas las denuncias sobre la elaboración de los nuevos pasaportes siguen apareciendo capítulos de la que podría convertirse en la mayor olla podrida del gobierno de Gustavo Petro.
Nada de lo anunciado por el gobierno se ha cumplido. Todo lo que se ha hecho para sacar del medio a la firma Thomas Greg & Sons, que durante 17 años realizó este proceso sin tacha, está lleno de triquiñuelas, de denuncias de favorecimientos, de falta de transparencia. De este proceso viene emanando cierto olor a podrido desde septiembre de 2023 cuando el canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para su elaboración, pasando por alto el hecho de que Thomas Greg estaba en competencia y cumplía todos los requisitos.
No valieron las advertencias de la Procuraduría ni la Contraloría sobre un posible detrimento patrimonial y un posible desabastecimiento de pasaportes. Nada frenó la intención del presidente Petro de quitarle este proceso a la firma nacional, alegando que iba a interferir en las elecciones porque controlaría la base de datos de los colombianos en la Registraduría.
Desde entonces, mucha agua ha corrido debajo del puente. Han caído varios cancilleres. La Procuraduría suspendió del cargo a Álvaro Leyva; Luis Gilberto Murillo lo sucedió y terminó enredado por un contrato por 10.364 millones con Aldesarrollo, una firma muy cuestionada por sus incumplimientos y que debía modernizar el sistema de citas para obtener dicho documento. Su reemplazo, Laura Sarabia, también salió del cargo cuando anunció que había que prorrogar el contrato con Thomas Greg por otros 11 meses para no quedarnos sin pasaportes.
Pero la tapa estaba por llegar. La semana pasada la revista Cambio reveló una inspección de 11 funcionarios de la Procuraduría a la sede de la Imprenta Nacional, encargada de elaborar los pasaportes con la asesoría de la Casa de la Moneda de Portugal, una empresa privada. Los hallazgos fueron de la mayor gravedad. La Procuraduría no sólo comprobó que ni la Imprenta ni la Casa de la Moneda estaban elaborando en su mayoría estos documentos, como lo venía diciendo el gobierno, sino que apareció un tercero involucrado, IN Groupe, un socio francés que pertenece a un grupo involucrado en escándalos de corrupción y lavado de activos.
La Procuraduría descubrió que cerca del 90% de los nuevos pasaportes provienen de Francia y, como lo dijo Cambio, “mientras las libretas salen del Charles de Gaulle rumbo a Bogotá, el grupo que controla a IN Groupe está siendo auditado por el Estado francés por lo ocurrido en otro negocio de pasaportes”.
Esta operación refleja que la Casa de la Moneda de Portugal se utilizó como fachada y que el que verdaderamente está haciendo los pasaportes es una empresa francesa, que hace parte de un grupo investigado por corrupción y lavado, y que la Imprenta Nacional no está desempeñando mayor papel en la elaboración de los documentos.
Es todo un entramado de contratos que el gobierno no se ha atrevido a desmentir. En un comunicado que deja más preguntas que respuestas la Imprenta Nacional dijo que se puso en marcha un convenio para implementar un modelo de cooperación pública internacional orientado a transferir al Estado los conocimientos para la elaboración de pasaportes.
Todo, absolutamente todo deja un mal sabor y olor. Todo es opaco, nada es transparente, no hay explicaciones convincentes. Son muchas las preguntas sin respuestas del gobierno. ¿Si se hizo un convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por qué aparece un tercero en el proceso, IN Groupe de Francia? ¿Quién incluyó a esta empresa y por qué? ¿hay pago de coimas de por medio? ¿Quién se está beneficiando de este negocio? ¿Por qué Petro insistió a toda costa en quitarle a Thomas Greg la elaboración de pasaportes?
Los organismos de control deben llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí nada ni nadie debe pasar de agache. Las implicaciones para la nación son gravísimas porque estamos hablando de un contrato por 1,3 billones de pesos, más del doble de los 600.000 millones que costaba con Thomas Greg. No hay suficiente explicación sobre esta cifra, sobre los compromisos adquiridos por las partes, sobre el tiempo de duración. La Procuraduría ha solicitado que se frene el contrato, pero de ser así quién responde por las millonarias demandas que las firmas involucradas podrían interponer contra la nación.
Esta es la hora que no se sabe qué papel está desempeñando la Imprenta Nacional en la elaboración de los pasaportes, ni la Casa de la Moneda de Portugal, ni el recién aparecido socio francés.
En Colombia nos escandalizamos con la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), con las denuncias de Angie Rodríguez sobre el concierto para delinquir en las esferas del gobierno, pero este caso de los pasaportes es peor. No solo se le entregó la elaboración de un documento de alta sensibilidad del Estado a extranjeros, sino que está en manos de una firma cuestionada. El gobierno, como en todos los hechos de corrupción, sigue mudo.