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Pocas regiones de Colombia tienen una historia tan estrechamente entrelazada con un recurso natural como Antioquia con el oro. Desde el siglo XVI, cuando pueblos como Cáceres, Zaragoza y Remedios fueron fundados al ritmo de la fiebre aurífera de los conquistadores españoles, hasta la creación de la primera capital, Santa Fe de Antioquia, y el posterior surgimiento de Medellín como capital empresarial del país, la trayectoria de nuestro departamento ha estado marcada por este brillante metal: se calcula que solo en la cuenca de los ríos Nechí y Cauca se extrajo, en el siglo XVI, poco más del 7% de la producción mundial de oro.
Después de 1820, la llegada de ingenieros ingleses, alemanes y suecos —contratados gracias a los empréstitos que visionarios antioqueños gestionaron en Europa para sostener económicamente la naciente república— transformó la minería de aluvión en explotación de veta, abriendo camino a las primeras grandes fortunas y sembrando la semilla del proyecto que transformaría al departamento. La Sociedad del Zancudo, en Titiribí, llegó a ser tan poderosa que emitió su propia moneda y financió obras civiles que perduran hasta hoy. Los grandes complejos industriales del Valle de Aburrá nacieron, en buena medida, de las rentas auríferas y el progreso se dio gracias al conocimiento, la creatividad y la tecnología que trajeron en sus maletas y en sus mentes los extranjeros que venían a trabajar en las minas. El oro le dio a Antioquia su identidad empresarial, su vocación ingenieril y emprendedora y, en buena medida, su lugar en el imaginario nacional.
Pero ese mismo oro, que durante dos siglos fue motor de progreso, se ha convertido hoy en una de las peores condenas que carga el departamento. Ya lo hemos documentado en detalle en EL COLOMBIANO, con imágenes escalofriantes de la destrucción que está causando y relatos preocupantes de la guerra que desata.
La paradoja quedó también retratada con crudeza esta semana en una investigación de The New York Times. El reportaje documentó cómo, a pocos metros del Batallón Rifles 31 en Caucasia, decenas de mineros con mangueras de alta presión destruyen el bosque para extraer oro ilegalmente bajo el control del Clan del Golfo. La operación, conocida como La Mandinga, no solo opera junto a la base militar —sus generadores diésel se escuchan desde las dependencias del Ejército— sino que ha avanzado hasta unos pocos metros de los sitios de esparcimiento del cuartel. Cuando el coronel al mando recorrió el terreno con los periodistas, debió admitir que la actividad ilícita se desarrollaba dentro del perímetro del Ministerio de Defensa: pocas escenas resumen mejor el grado de descomposición y de desidia al que ha llegado el problema del oro ilegal.
¿Y a alguien le duele lo que está pasando? Porque la magnitud del fenómeno está desbordando cualquier estimación previa. Según la Procuraduría, entre el 80% y el 87% del oro exportado por Colombia tiene origen ilegal, un negocio que mueve más de 12 billones de pesos anuales y que impide que ingrese casi medio billón de pesos al año en regalías para alcaldías y gobernaciones.
Solo en Antioquia se explotan ilegalmente 35.300 hectáreas de oro de aluvión, el 37% del total nacional, una superficie comparable a la extensión total de Medellín. Algunos expertos sostienen que las rentas que la minería criminal le deja a los grupos armados ya superan a las del narcotráfico: una hipótesis cuya sola existencia revela un escenario inédito y profundamente preocupante, que no tiene la atención que merece en la conversación nacional.
El daño no se mide solo en “dólares perdidos”: la extracción ilegal ha destruido más de 60.000 hectáreas y arrasado unos 200.000 árboles solo en el Nordeste y el Bajo Cauca, dejando los ríos Porce y Nechí severamente contaminados con mercurio. Mientras tanto, el Clan del Golfo —que cuenta con cerca de 10.000 integrantes y presencia en 296 municipios, según la Fundación Ideas para la Paz— se financia cobrando cientos de dólares mensuales por cada equipo de cinco mineros y ha duplicado su pie de fuerza desde 2022. La minería ilegal le ha permitido pasar del músculo del narcotráfico a una diversificación criminal mucho más difícil de combatir, en parte porque el oro, a diferencia de la cocaína, no es ilegal en sí mismo y se lava con relativa facilidad.
La violencia es la cara más dolorosa de esta condena. El Centro de Inteligencia y Analítica de la Gobernación de Antioquia ha mostrado una correlación estricta entre los territorios donde hay extracción ilícita y los focos de homicidios y disputa armada en el departamento: subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste y el Occidente concentran no solo la mayor parte del oro ilegal, sino también los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc por el control de las rentas. La fiebre del oro, en sus regiones más afectadas, no está dejando prosperidad: está dejando desplazamiento, contaminación, control criminal y muertos.
¿Nos quedaremos siempre de manos cruzadas? Al gobierno actual, el problema le quedó grande. Mientras Petro extiende mesas de la Paz Total con grupos como el Clan del Golfo —que crecen mientras negocian— y desfinancia operaciones contra la minería ilegal, el país pierde por partida cuádruple: cede territorio, regalías, engendra más violencia y se destruye el medio ambiente. El próximo presidente tendrá la obligación de poner el tema en el centro de su agenda.
El oro fue, durante dos siglos, orgullo y prosperidad para Antioquia y Colombia. No puede ahora ser una condena.