Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Los habitantes de la costa Caribe llevan décadas sufriendo los graves problemas producto de los malos manejos de los comercializadores de energía y han visto pasar y liquidarse empresas sin que se mejore el servicio.
Contrario a lo ocurrido en otras regiones del país que consolidaron importantes empresas de servicios públicos, como EPM, la costa Caribe ha tenido un mal récord y todas han ido a la quiebra. Primero fue la crisis de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, que fue liquidada en medio de profundos problemas de corrupción, politización y aumento de las deudas.
Después vino la ingratamente recordada Electricaribe, intervenida en 2016, por el gobierno de Santos, y liquidada en 2020, hecho que dio paso al surgimiento de dos nuevas compañías: Afinia, filial de EPM que atendería los usuarios de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, y Air-e, que manejaría Atlántico, Magdalena y La Guajira y que era propiedad del empresario Alberto Ríos Velilla.
En ese momento, el gobierno Duque anunció con bombos y platillos que por fin se iban a solucionar los problemas de los habitantes de esta región que sufrían apagones permanentes, daños en electrodomésticos, pérdidas de alimentos y graves afectaciones en clínicas y hospitales. Las nuevas compañías anunciaron millonarias inversiones para mejorar la vieja infraestructura eléctrica y los usuarios veían por fin una luz de esperanza que les permitiera contar con un mejor servicio y dejar de pagar tarifas exorbitantes.
Pero estas buenas intenciones chocaron con la pandemia del COVID, en la cual muchas familias no tenían cómo pagar el servicio y estas empresas que nacían con entusiasmo vieron en entredicho sus finanzas. A Afinia, además del Covid, le cayó también la plaga de manejos irregulares, durante la alcaldía de Daniel Quintero, y la gerencia de Jorge Carrillo, hoy presidente de ISA. Sin embargo, una vez cesó esa horrible noche, EPM ha puesto parte de su músculo financiero para intentar recuperarla.
Y a Air-e, cuando aún no había logrado recuperarse del nocaut de la pandemia, se la tomó el gobierno de Gustavo Petro y la intervino en septiembre del año pasado por las fallas en la prestación del servicio, el aumento de quejas y reclamos y el incremento en la cartera morosa.
Así como hemos contado del fracaso de las intervenciones de las principales EPS del país, y en particular de la Nueva EPS, en el caso de Air-e el remedio también ha resultado peor que la enfermedad. Nuevamente el gobierno demostró que es un pésimo administrador y que lo que toca lo daña. Air-e hoy está peor que antes de la intervención: las deudas de la compañía con las generadoras pasaron de 500.000 millones, antes de la intervención, a 1,5 billones de pesos después de ser controlada por el gobierno, las inversiones en infraestructura no se hicieron y hay denuncias de malos manejos, contratos amañados y corrupción.
El resultado ha sido nefasto. Los habitantes de esta región siguen padeciendo un mal servicio y pagando cada vez tarifas más elevadas. La mala energía se les volvió un karma porque deben destinar mayor parte de sus ingresos para pagar los recibos y se cansaron de creerle a Petro que anunció en innumerables ocasiones que bajaría las tarifas.
Cómo será de grave la situación de Air-e que en menos de un año ha tenido cuatro interventores: Carlos Diago, que duró un mes; Edwin Palma, dirigente sindical de la USO y actual ministro de Minas y Energía; Diana Bustamante, cercana a Edwin Palma, y quien duró unos meses; y Nelson Javier Vásquez, el actual interventor. A ello se suma la renuncia irrevocable del Superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, cuya gestión al frente de Air-e también fue cuestionada.
Ninguna empresa en el mundo puede funcionar bien cuando le cambian de administradores cada dos meses –administradores sin experiencia por demás– y menos una empresa que como Air-e debería estar en cuidados intensivos bajo la supervisión de los mejores especialistas.
Pero aún peor, si a los que nombran hacen malos manejos de ella. La revista Cambio denunció que Edwin Palma cometió irregulares como el nombramiento de un primo como gerente contable, tuvo inconsistencias en los reportes financieros de la empresa, en los que hay opacidad y poca transparencia, así como dudas sobre la contratación.
Como publicó EL COLOMBIANO en un revelador informe sobre la empresa: La Superintendencia de Servicios Públicos recibió a Air-e con una deuda de $940.511 millones por contratos de energía y este pasivo se disparó un 123,12%, alcanzando los $2,09 billones con corte a mayo.
Y ahí es cuando el problema de Air-e se vuelve de todo el país: el gobierno Petro, en una medida arbitraria, ha obligado a las generadoras a entregarle energía a Air-e sin importar si esta no les paga. Y en la medida en que el mal manejo de Air-e hace perder más plata a esta comercializadora no solo se puede quebrar ella, sino que puede llevarse por delante empresas que no resistan el no pago de esa deuda. Por supuesto, no es simplemente un tema de quiebra de empresas, lo que podría ocurrir es que empresas afectadas por el no pago de Air-e no puedan seguir brindando el servicio de energía a millones de colombianos. El peor escenario sería un apagón en cadena.
El presidente Petro, que es tan activo en redes sociales no ha dicho una sola palabra..