Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Si algún aspirante a graduarse de doctorado quisiera hacer su tesis sobre el gobierno de Gustavo Petro tal vez el mejor caso de estudio sea el del manejo que le ha dado al contrato de pasaportes, para descubrir las costuras de su administración así como inquietantes rasgos de la personalidad del mandatario.
Estamos ante un caso que les ha costado el puesto a dos cancilleres y al jefe de gabinete, no porque se trate de una tarea retadora, sino todo lo contrario, por la sencilla razón que al Presidente de la República le molestó que esa operación, llevada a cabo por un privado, funcionara tan bien desde hace varios años.
Hemos visto cómo al son de los anuncios erráticos del mandatario, una y otra vez, la gente termina volcándose en las sedes de expedición de pasaportes con el corazón agitado por el temor de que se puedan quedar sin este documento indispensable para salir del país. Y no es menor el costo, con cara de detrimento patrimonial, de este capricho presidencial. No solo por demandas económicas, como la que inicialmente anunció Thomas Greg & Sons, que después retiró, si no por los costos producto de la improvisación, las urgencias declaradas y las gestiones inoficiosas para cambiar el esquema.
El canciller Álvaro Leyva incluso, por defender a capa y espada el capricho de Petro, maltrató e hizo sacar de su cargo a la directora de la Defensa Jurídica del Estado y con ella rodó también la cabeza de otra funcionaria reconocida por haberle ahorrado a la Nación $15 billones en litigios.
Y es que, sin ningún estudio técnico en la mano, el mandatario decidió un día que la firma Thomas Greg & Sons (TGS) no siguiera con esa operación que venía haciendo desde hacía 17 años.
La soberbia de la terquedad, de quienes consideran que una ideología es superior al razonamiento técnico, es tal que a pesar de que el propio gobierno de Petro hizo un concurso en 2023 y se lo ganó una vez más TGS, Leyva siguiendo órdenes del presidente no lo adjudicó. Y corrió a declarar el estado de urgencia manifiesta para evitar una crisis en la expedición de pasaportes. ¿Y con quién firmó este contrato de urgencia? Pues con la misma Thomas Gregg. Una verdadera tragicomedia.
El caso le costó la cabeza a Leyva en enero del 2024, la Procuraduría lo suspendió del cargo por tres meses y lo llamó a juicio disciplinario por no tener en cuenta fundamentos jurídicos y técnicos. El excanciller dijo de manera irónica que “lo notificaran en la tumba”.
Con la salida de Leyva, Petro nombró en su reemplazo al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien dijo que estaba avanzando en un acuerdo con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para elaborar los documentos. Y mientras tanto, el gobierno volvió a prorrogar con Thomas Greg la elaboración de los pasaportes.
Salió Murillo y entró como canciller Laura Sarabia, la mano derecha de Petro. Pero ni ella resistió la terquedad presidencial. Uno de sus primeros anuncios fue que se debía prorrogar otra vez el contrato con Thomas Greg, porque la Imprenta no estaba preparada y Murillo no había hecho mayores avances con el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal. Petro montó en cólera y decidió sacar del Gobierno a su “funcionaria querida”, como una vez la llamó.
La tarea de los pasaportes la asumió entonces el recién llegado jefe de despacho Alfredo Saade, y este decidió pasarse por alto a los funcionarios de la cancillería a quienes ordenó “hacer rendir los documentos”, es decir las libretas de los pasaportes, de manera que quedaran para ser utilizadas una vez se acabara el contrato de Thomas Gregg. Esa petición implicaba que un trámite que hasta ahora ha brillado por su velocidad y eficacia comenzaría a demorarse.
Saade, con cierta sobradez, anunció que el contrato con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta era cuestión de horas. Pero esa mentira no resistió mucho tiempo y tuvo que salir del cargo por decisión de la Procuraduría. Un funcionario que duró dos meses en el Gobierno fue suspendido por tres meses.
Y ahora nos sorprenden con el anuncio de que, por tercera o cuarta ocasión, vuelven a declarar la urgencia manifiesta y a firmar un nuevo contrato con Thomas Greg para que siga con el proceso de elaboración de pasaportes hasta abril del año entrante.
El caso de los pasaportes es una descarnada radiografía de cómo la improvisación del gobierno, la terca ideología del mandatario y el odio que ha demostrado contra el sector privado pueden producir verdaderas catástrofes o, al menos, destruir el bienestar adquirido por los colombianos.
Y así también le pasó a Gustavo Petro con el caso de las basuras y de Transmilenio en Bogotá cuando, por su alergia a los privados, intentó quitarles los contratos y terminó rogándoles que lo ayudaran. Y lo mismo ocurre ahora, no solo con los pasaportes, sino con un asunto aún más delicado y que se puede convertir en catástrofe: la salud. Cuando la ideología y la adulación sustituyen al criterio, el país entero pierde..