Nada ilustra de una forma más cruda la ausencia de respeto a las leyes, que los comportamientos al volante de una gran cantidad de motociclistas por las vías urbanas y las carreteras de Colombia. En Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá la situación llega a ser alarmante.
Y esta caótica situación, que empeora día a día la ya de por sí complicada e inmanejable situación de las vías y del tráfico automotor, no encuentra soluciones viables porque políticamente ningún funcionario se atreve a tomar medidas ya que teme la protesta masiva de los motociclistas, quienes de forma abusiva parecieran considerar que a ellos no se les deben aplicar las normas legales que sí rigen para todos los demás.
Esta concepción de que hay factores de excepcionalidad que les eximen de los códigos y normas reglamentarias vigentes, es profundamente dañina para la convivencia social. Muchos sectores de motociclistas han logrado imponer la idea de que cualquier medida correctiva o sancionatoria por sus desafueros en la vías es una persecución contra todo el colectivo que se mueve en moto, cuando la realidad es que es simple aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley. Pero han logrado amedrentar a las autoridades, que se volvieron laxas o directamente ciegas ante la magnitud del problema. Un problema mayor, pues se trata de un desafío permanente, omnipresente y a ojos de todos: el incumplimiento sistemático de las normas de tránsito.
En una gran zona conurbada como el área metropolitana conductores y peatones sufren el embate de enjambres de motociclistas cuya finalidad no parece ser transportarse de manera eficiente sino ganar una carrera saltándose cuantas normas cívicas y de tránsito les sea posible. La cuestión es que afectan innumerables derechos de los otros ciudadanos. Y estas miles de personas afectadas se ven inermes por completo, pues la impunidad también rige para estas acciones.
De forma constante los medios ofrecemos datos, cifras y estadísticas sobre los accidentes de tránsito en los que hay involucrados motociclistas. Los costos en vidas humanas, en horas de trabajo y productividad perdidas son enormes. Nada parece convencer a esos conductores para observar una mejor conducta y desarrollar mayores destrezas en la conducción de sus aparatos. Ni mucho menos, que tomen conciencia de que un sentido del civismo y de la convivencia les demanda un comportamiento que se aleje del propio de la ley de la selva que es el único que parecen asumir.
En 2016 murieron 3.389 motociclistas. Casi 29.000 resultaron heridos. No todos fueron los causantes del accidente, pero los datos de las aseguradoras arrojan cifras elevadas en cuanto a responsabilidad por accidentes. Muchos no tienen el Soat.
Aparte de ello, el 42,5 % de las motos en el país tienen la revisión técnico-mecánica vencida o ni siquiera la han hecho. Eso en un entorno nacional de 7,2 millones de motos circulando y un estimado de 510.000 más en lo que queda de año.
Nada más lejano al propósito de estas líneas que estigmatizar a los motociclistas. Sabemos la importancia de este vehículo para miles de familias e industrias. Pero no se puede seguir como si nada pasara en las vías. Es urgente una acción común, un pacto para mejorar el comportamiento de todos al conducir.
