Que durante los últimos quince días decenas de escolares, por momentos incluso el 25 por ciento de los alumnos de las instituciones educativas de Belén Altavista, al occidente de Medellín, se hayan visto impedidos y atemorizados para acudir a clases, constituye un campanazo de alerta sobre el hecho de que la violencia aún campea en algunos barrios y refleja los efectos de un conflicto urbano que continúa sin desactivarse en su totalidad.
Extensas y densas líneas se han escrito acerca del impacto desastroso de la actividad de los combos y bandas delincuenciales en la vida en las comunas de la ciudad. También sobre cómo esas redes sociales, debilitadas por condiciones estructurales de pobreza y marginalidad, reproducen estereotipos de criminalidad y de criminales que malforman a las nuevas generaciones.
Pero es preocupante, hoy, que no solo no se hayan podido desmontar esos modelos de “líderes ilegales” sino que esos mismos actores pongan en peligro el entramado escolar de amplias zonas, como ocurre con Altavista desde hace más de 15 años y como ocurrió con otros sectores como la comuna 13, bajo el dominio de milicias guerrilleras y comandos paramilitares.
El de Altavista es un caso reiterado en el tiempo: balaceras entre combos atrincherados a un lado y al otro de sus laderas, o ataques relámpago en medio de la cotidianidad de los días, de la rutina comunitaria, por supuesto una de ellas la asistencia a clases de niños y adolescentes.
Aunque los indicadores de violencia distan de los de años más aciagos, allí es una realidad la imposición de fronteras invisibles y el confinamiento de grupos de familias en sus casas, temerosas de las balaceras y los atropellos de las pandillas. Miedo a que ir a la escuela se convierta en tragedia para los chicos y sus padres.
Entonces, esa presencia de ilegales no solo es dañina por su influjo social-cultural contra la legalidad e institucionalidad, sino que además es inevitable que golpee y desbarate la tranquilidad ciudadana.
Altavista es una fotografía inquietante de la Medellín que no queremos, de la ciudad aterrorizada a la que ningún ciudadano, de cualquier condición económica y política, quiere regresar. Es la imagen de un pasado que no deja de estar presente y que por eso debe mover y obligar una respuesta gubernamental rápida y efectiva, en el orden de la seguridad, pero también del tratamiento integral de los problemas que traen estos focos de conflicto urbano, de debilidad estatal y de inequidad irresuelta. Con su reciclaje periódico de violencias.
Como se advirtió en un editorial reciente, en 2016 había 9 mil jóvenes, entre los 15 y 16 años, desescolarizados. La cifra ha mostrado reducciones, según la Alcaldía, y no se trata de muchachos por fuera del sistema escolar solo por razones de violencia. Pero debe estar en el imaginario de los problemas educativos locales que es prioritario resolver.
La Policía, el Ejército, las secretarías de Seguridad y Educación están haciendo su parte, pero no se discute que se deben redoblar esfuerzos para neutralizar tales indicadores y para desactivar las tensiones criminales-territoriales y mejorar los modelos de atención que hasta ahora parecen no dar resultados contundentes para sacar a los niños de Altavista de la línea de fuego de los bandos.
Un sistema escolar amenazado, como es el caso, no promete los cambios que requiere Medellín para sus jóvenes.
