La frontera con Venezuela no puede volver a ser escenario de expulsiones y destierros como los que hace un año originaron la crisis binacional. Además de los anuncios hechos anteayer por los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, para reabrir el paso peatonal e iniciar un proceso gradual de tránsito entre Venezuela y Colombia, será esencial que las autoridades de cada país garanticen respeto a los derechos de los ciudadanos, sin partir de presunciones que los criminalicen a priori, y que justifiquen atropellos y cierres.
Es un hecho cierto que la extensa línea de vecindad es porosa y penetrada por redes mafiosas del contrabando de mercancías, de drogas ilícitas, de armas, de trata de personas y de grupos ilegales que a necesidad imponen su violencia y sus dinámicas. Pero no es menos cierto que allí habitan comunidades hermanadas por un intercambio histórico de valores positivos, desde el comercio y la cultura hasta los lazos sanguíneos y familiares que atan a colectivos de lado y lado de la frontera.
Los anuncios de los jefes de Estado de un restablecimiento gradual, este sábado, del cruce a pie, en cinco puntos, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., en los puentes que comunican con Norte de Santander, Arauca y Vichada, traen un alivio a cientos de miles de habitantes de los países que sufrieron durante más de un año una parálisis que cercenó su contacto y que deprimió el comercio fronterizo.
Incluso con efectos desesperanzadores para los venezolanos que afrontan una escasez dramática de alimentos y productos de primera necesidad. Ejemplo de su desespero fueron las aperturas limitadas para que entraran a Colombia, dos domingos del pasado mes de julio, con el fin de abastecerse y paliar hambre y enfermedades por falta de medicamentos esenciales.
La instalación de un “centro binacional para la lucha contra el crimen transnacional”, no solo es necesaria por la coordinación clave que puede propiciar entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones sino porque ayudará a reducir la corrupción y la impunidad que rodean a las estructuras criminales asentadas allí.
El rigor y la eficacia de esa central de operaciones deben alejar la posibilidad de nuevos cierres y de persecuciones arbitrarias contra los civiles ajenos a la delincuencia. Refinar la inteligencia y la operatividad de las tropas debe garantizar mayor respeto a los derechos humanos.
Aunque se anuncia gradualidad, urge que se restablezca el transporte fronterizo de carga y pasajeros, un medio indispensable para cubrir distancias considerables y para dinamizar la oferta y el consumo de mercancías legales, mientras que se ataca a los cargueros piratas que cruzan trochas y caminos secundarios, paralelos a los puentes.
Los nuevos mecanismos y esquemas de control mostrarán su eficacia en la medida que logren afianzar una “cultura de la legalidad” en la frontera y que impidan una “estampida humanitaria” debido a la crisis venezolana. Si hay un paso fluido y vigilado, con controles juiciosos pero flexibles (mediante el documento de identificación fronterizo), seguramente se desestimularán el contrabando y la inmigración ilegal y masiva.
Hay que celebrar este entendimiento, porque para ambos países la frontera es un foco esencial de desarrollo e integración. Cerrarla sería mostrar gran impotencia ante el crimen transnacional y la crisis económica vecina.
