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Con una claridad que pocas veces se escucha en el país, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, acaba de lanzar una advertencia severa —y necesaria— al presidente Gustavo Petro: “No puede alegar una conmoción interior cuando la perturbación que la sustenta es el resultado directo de una política gubernamental fallida”. Su salvamento de voto del fallo con el que el alto tribunal aprobó parte de la declaratoria de conmoción interior para el Catatumbo constituye una “cantada de tabla” jurídica y ética que debería escucharse en todo el país.
Hay párrafos categóricos: “Si la violencia se ha agravado, no es por su inevitabilidad, sino porque el Estado renunció a cumplir sus deberes”, puntualiza Ibáñez. Y anota “en lugar de agotar los mecanismos ordinarios y probar su insuficiencia, se optó cómodamente por el atajo. Así, lo que debía ser un recurso excepcional se convierte en un premio a la negligencia”.
Además, el magistrado hizo un descarnado análisis de la “paz total” del presidente Petro: “La ‘paz total’ ha dejado en absoluta desprotección a los habitantes del Catatumbo (...) Lejos de representar un avance hacia la superación del conflicto armado, ha generado el efecto contrario: debilitó la presencia institucional, facilitó el reposicionamiento estratégico de los grupos armados ilegales y agravó la situación de inseguridad”.
Ibáñez ha dado una batalla importante para defender a las instituciones en Colombia, lo cual es de aplaudir. Y lo hace desde el profundo conocimiento que tiene. No solo es doctor en derecho, ha hecho posdoctorado en derechos humanos y derecho penal internacional y fue asesor de la Asamblea Constituyente de 1991. También salvaron su voto los magistrados José Fernando Reyes, quien igualmente ha hecho una enorme labor en la defensa desde la Constitución del sistema de salud, y Paola Meneses.
El estado de excepción es una herramienta legítima prevista en la Constitución para situaciones extremas y sobrevivientes. Sin embargo, el uso frecuente que está intentando darle Petro diluye su carácter excepcional. En 21 meses de gobierno, ha declarado ya tres estados de emergencia: La Guajira, ola invernal y crisis carcelaria. Es tal su obsesión con los estados de excepción que amenazó con acudir a una emergencia económica para comprar vacunas contra la fiebre amarilla si no consigue los recursos por otras vías. A la luz de los problemas de finanzas públicas y de la falta de recursos del Gobierno se tiende un manto de duda sobre las verdaderas intenciones de estas emergencias. Nadie duda de que es necesario vacunar a la población en las zonas más afectadas, pero recurrir a esta figura corre el riesgo de que la Corte Constitucional la declare inexequible, como ocurrió con la emergencia económica y social por la sequía en La Guajira. El Gobierno no tuvo en cuenta que la sequía es un fenómeno climático que se repite cada cierto tiempo y que se puede atender con medidas ordinarias. Esta es la hora en que ese departamento vive con los mismos problemas, sumido en la pobreza, porque el Gobierno no ha tomado las decisiones necesarias para mejorar la vida de sus habitantes. Pareció interesarle solo a la hora de hacer el show de la emergencia y de recoger los recursos. Si de verdad quisiera hacerlo ya habría cumplido con llevar agua potable o electricidad a las regiones más apartadas, o construir centros de salud o la universidad Wayuu que prometió. La emergencia se prestó para hechos de corrupción como los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y mientras la Corte revisaba los decretos, el Gobierno cobró una tarifa adicional en la factura de la luz de los estratos altos.
Una situación similar ocurrió con la conmoción interior para el Catatumbo. Tres meses después siguen los problemas de orden público en la región. No obstante, el Ejecutivo aprovechó para recaudar 2,7 billones de pesos en impuestos a través de una tarifa de IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, un 1% adicional a la extracción de hidrocarburos y de carbón y 1% adicional en el impuesto de timbre para instrumentos públicos y documentos privados.
Si se atendieran a tiempo los problemas no habría necesidad de decretar estos estados excepcionales a los que se les están quitando el impacto de tanto recurrir a ellos sin argumentos de fondo.
Una democracia no se gobierna por sobresalto ni por decreto. La Constitución de 1991 consagró un diseño institucional basado en pesos y contrapesos, donde el Ejecutivo debe convivir con los límites que le imponen los otros poderes del Estado.
El mensaje de fondo del magistrado Ibáñez es inquietante: cuando se recurre a las herramientas del Estado de excepción para gobernar lo estructural, lo que se está haciendo es institucionalizar la decadencia. Se transforma la excepción en método habitual de gobierno y se disfraza el fracaso como fatalidad. El Catatumbo no necesita más decretos. Necesita Estado. Necesita un Gobierno que gobierne, no que delegue su deber en dispositivos constitucionales pensados para emergencias, no para eludir responsabilidades históricas.
Con su salvamento de voto, Ibáñez, como también lo hicieron los magistrados Reyes y Meneses, ha encendido una señal de alerta que Gustavo Petro y el país no pueden ignorar: la Constitución no fue escrita para ser un salvavidas de gobiernos desbordados por su propia inacción.