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Cada vez resulta más claro por qué el presidente Gustavo Petro ha emprendido una cruzada para poner fin a la explotación de petróleo y gas en Colombia. Hasta ahora no eran pocos quienes pensaban que se trataba de una genuina preocupación ecológica.
Pero con el escándalo que se ha conocido en los últimos días, la narrativa contra los combustibles fósiles del Gobierno ahora parece apuntar más a intereses económicos opacos que a un auténtico compromiso con la transición energética.
El más reciente episodio –que Ecopetrol no ha aclarado totalmente– es el enredo con el intento de montar una segunda regasificadora en la Costa Caribe. Se conoció un trato que se estaba cocinando entre Hocol, filial de Ecopetrol, con una compañía de un coronel retirado de la Policía. La firma sin experiencia y creada con un capital irrisorio de 20 millones de pesos, pretendía quedarse con un negocio de hasta 1.400 millones de dólares.
El gran mérito del coronel retirado para ser el feliz ganador del negocio era el haberle dado como una ganga un apartamento a la pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en un exclusivo sector de Bogotá. Por supuesto, luego de que se destapó el escándalo, el negocio se les cayó. La petrolera negó que estuviera ofreciendo la regasificadora –inmensos buques que se parquean en mar abierto y que traen el gas de destinos lejanos–, pero reconoció que está haciendo sondeos de mercado y de viabilidad.
¿Por qué a pesar de que el país tiene yacimientos de gas, incluso pozos bastante esperanzadores, el Gobierno prefiere comprarlo afuera? ¿Quién gana con esos millonarios negocios?
Aún más. Si la decisión es importar gas, como bien lo dijo el presidente Petro en uno de sus shows con los ministros, ¿por qué hay compañías públicas, de reconocida trayectoria en el país como TGI, que desde hace un año están proponiendo a Ecopetrol montar la regasificadora en La Guajira, pero la petrolera no les ha dejado hacer nada? ¿En dónde queda la propaganda de Petro de privilegiar las empresas del Estado?
Roa se ha hecho el de la vista gorda como si no fuera urgente la necesidad de abastecer de gas al país. Ya sea por alguna irregularidad o por la inexplicable lentitud, algo huele mal en ese negocio del gas de Ecopetrol.
Petro desde que llegó a la Casa de Nariño decidió quitarle al país la oportunidad de nuevas exploraciones, y ha llegado a decir que el gas y el petróleo son peores que la cocaína.
En vez de explorar el gas colombiano, Petro ha preferido hacer millonarios viajes, como el de Catar, para anunciar que les compraría gas. O dedicarse a múltiples visitas a Venezuela con el mismo propósito. Y no es propiamente porque el gas importado sea menos contaminante o más barato. Todo lo contrario.
El problema para Petro –y sobre todo para los colombianos– es que aquí y en todo el mundo se siguen utilizando estas fuentes de energía. Y la pregunta es ¿Cómo piensa Petro abastecer la demanda doméstica cuando los pozos ya en desarrollo se agoten? ¿Acaso persistirá a pesar de que la industria del país sufra? ¿O tal vez no le importa porque ya cuando se agoten las reservas no estará gobernando?
Petro cortó el gas nacional con la excusa de que contamina y va a acabar el planeta, y no se pellizca al ver que nuestras reservas se siguen desplomando. Empresarios del sector calculan que en 2029 la demanda industrial no regulada se va a quedar sin gas, lo cual implica que algunas grandes empresas, motores del país, pueden llegar a sufrir mucho.
La paradoja cruel de todo esto es que ese mismo presidente Petro que se rasga las vestiduras diciendo no más petróleo tal vez sea uno de los colombianos que más combustibles fósiles utiliza. ¿Para cuándo es que Petro va a dejar de usar su flotilla de aviones o su abultado esquema de seguridad de camionetas 4x4, para él y su familia, que consumen altas dosis de “ese veneno”?
El debate sobre la transición energética es necesario y urgente, pero no puede basarse en imposiciones ideológicas ni en negocios poco transparentes. Colombia tiene recursos que, bien gestionados, podrían garantizar la seguridad energética mientras avanza hacia un futuro más limpio. Renunciar a ellos sin una hoja de ruta seria es condenar al país a la dependencia y a la incertidumbre..