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El costo de esta derrota trasciende lo electoral. El Congreso y las altas cortes se erigen como contrapesos más firmes frente a un Ejecutivo debilitado.
La derrota del gobierno en el Congreso de la República esta semana va mucho más allá del revés de la candidata favorita de la Casa de Nariño en su intento por ser elegida magistrada de la Corte Constitucional: el fracaso dejó al descubierto profundas grietas del poder de Gustavo Petro.
Se trata de un episodio que marca un punto de quiebre de cómo Petro ha perdido terreno en el manejo del Estado. No es una mera derrota en el Senado, es la constatación de que en sus últimos once meses de gobierno la capacidad de maniobra del Presidente será mínima.
Empezando por el resultado adverso de 62 votos contra 41. Una diferencia abultada si se tiene en cuenta que durante muchos días se dijo que Patricia Balanta y Carlos Camargo estaban prácticamente empatados. Hasta el propio gobierno se mostró sorprendido con el resultado. “Fue una paliza porque pensábamos que la diferencia iba a estar muy reñida. Pensamos que iba a haber un empate. Algo falló y alguien está mintiendo en la coalición de gobierno”, dijo la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico.
Que el Ejecutivo ni siquiera tuviera un cálculo aproximado de los apoyos, o que se equivocara con semejante margen, evidencia que perdió el control de la aritmética política del Congreso.
De ahí se deduce otro significado del pulso perdido en el Senado: la apuesta de Gustavo Petro a favor de Armando Benedetti hasta ahora ha resultado también ser un fracaso. Una apuesta kamikaze. Petro hizo purga de ministros fieles a su proyecto político de izquierda luego de aquel reality de febrero en que le pusieron tatequieto: o Benedetti o nosotros. Y él eligió a Benedetti.
Como advirtió Carlos Carrillo, director de la Ungrd, el mandatario “eligió ganar”, aliándose con lo más cuestionado de la política tradicional. Pero en la práctica, Benedetti le ha hecho perder mucho más de lo que le ha dado.
Cada vez se ratifican más los indicios de que el mandatario estuviera atrapado por los secretos de campaña que de él guarda Benedetti (así como Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, a quien todos los días le aparecen nuevos escándalos). Curiosamente son los únicos que han sobrevivido durante todo el gobierno, con el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Benedetti como ministro del Interior tampoco logró sacar la consulta popular en el Congreso. Por ahora, solo tiene para mostrar la ratificación de la aprobación de la reforma pensional, de manera tan atropellada que no está claro si la Corte Constitucional la avala.
Precisamente, la elección del nuevo magistrado tiene un efecto mayor: despejó temores de que la democracia quedara bajo amenaza. Nadie podría garantizar que la llegada de Patricia Balanta como magistrada habría ayudado a Gustavo Petro a concretar alguna de sus intentonas autoritarias, pero contó con la mala suerte de que el gobierno la apoyara. Y el temor de que estuviera bajo amenaza el Estado de Derecho hizo el resto del trabajo.
La reacción oficial ante la derrota fue tan fuerte como errática. El Presidente acusó al Senado de haber elegido “el fascismo”. Benedetti, por su parte, intentó reducir la discusión al terreno del racismo con declaraciones desafortunadas. Y al día siguiente, la Agencia Nacional de Tierras abrió procesos administrativos contra fincas de Lidio García, presidente del Congreso. ¿Coincidencia o retaliación? La sospecha quedó instalada.
En otros gobiernos, los presidentes han preferido marginarse de este tipo de elecciones, entendiendo que las ternas provienen de distintos órganos de poder. El hecho de que Petro interviniera con tanto ahínco en favor de Balanta –quien fue ternada por la Corte Suprema– disparó las alarmas sobre sus intenciones de dominar la Constitucional. Tanto así que en el Consejo de Ministros llegó a advertir que, si ella no ganaba, rompería relaciones con el Congreso y gobernaría por decreto. Un exabrupto que puso en evidencia su creciente desconexión con las realidades del sistema institucional colombiano.
La Corte, con la llegada de Carlos Camargo en reemplazo de José Fernando Reyes, mantiene por ahora un relativo equilibrio. Es prematuro anticipar cómo votará, pues la tradición de la mayoría de magistrados ha sido fallar en derecho más que en función de afinidades políticas.
Pero sin duda, si hubiera ganado Balanta, el impacto simbólico habría sido creer que el ideario de Petro tendría ventaja en la Corte y de esa manera no sería extraño que tomara un nuevo impulso para sus aventuras autoritarias. La primera decisión importante en la que participará Camargo será el futuro de la reforma pensional, uno de los mayores logros legislativos del Gobierno, que en los próximos meses debe revisar la Corte. Y sin las mayorías en el Congreso quedan en entredicho la viabilidad de reformas clave, como la de salud o la tributaria.
La reacción presidencial, al pedir la renuncia de tres ministros –que parece va a reversar– y sacudir su gabinete, evidencia la magnitud del tropiezo: un anuncio de remezón que, más que mostrar autoridad, confirma la fragilidad de un gobierno sin cohesión política y con un Pacto Histórico dividido entre reproches y acusaciones de traición.
El costo de esta derrota trasciende lo electoral. En adelante, el Congreso y las altas cortes se erigen como contrapesos más firmes frente a un Ejecutivo debilitado, un recordatorio de que el sistema de pesos y contrapesos opera con toda su fuerza cuando el liderazgo político se desgasta. A Petro le queda un año para gobernar, pero sin mayorías, con reformas empantanadas y con un bloque opositor revitalizado. El temblor político de esta semana confirma que el poder presidencial está en su punto más frágil.