En su última reunión la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la política monetaria expansionista y decidió bajar la tasa de interés de intervención en 25 puntos base. Con esto, la tasa queda en 6,25 por ciento.
Esta decisión, que contó con el voto de la mayoría de miembros de la Junta, está en línea con las previsiones de los expertos.
Aunque en el comunicado de la Junta se señala que existió unanimidad entre los codirectores “en seguir reduciendo la tasa de interés de intervención”, es claro que, dentro del grupo, todavía persiste el dilema entre inflación y crecimiento.
Esto hace, como lo ha señalado el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que se tengan diversos puntos de vista sobre la velocidad a la que se debe avanzar en la reducción de las tasas de interés.
Entre los expertos también se presentan diferencias sobre qué factor (inflación o crecimiento) debe privilegiarse a la hora de establecer el nivel de la tasa de interés.
Mientras los más ortodoxos se muestran preocupados por la relativa ralentización de la inflación y la presencia de procesos de indexación de los precios y, por ende, consideran que el Emisor debe privilegiar el control del proceso inflacionario, otros consideran que la debilidad de la economía y la falta de un crecimiento vigoroso deben recibir máxima prioridad.
Entre estos últimos hay algunos que consideran que las autoridades económicas deben evitar a toda costa que la inversión privada (nacional y extranjera) se vea afectada por la coyuntura económica.
A todas estas, hay quienes piensan que la indexación de precios no es un factor que merezca la exagerada atención que la Junta de codirectores le otorga.
La semana pasada se conoció que durante el primer trimestre de 2017 el PIB tuvo un crecimiento muy bajo (1,1 por ciento). Igualmente, según Fedesarrollo, los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial indican que la confianza industrial y comercial se ubicaron (en abril pasado) “en el nivel más bajo para ese mes desde 2009” y “agosto de 2015”, respectivamente,
Dichos guarismos, junto a los de otros indicadores que apuntan hacia una ligera mejoría, evidencian que la economía todavía no consigue despegar. Esta situación ha generado entre el empresariado y otros sectores sociales y políticos un cierto ambiente de pesimismo y desánimo.
Sin embargo, y contrario a lo que pasa en Colombia, la visión de la economía que tienen las entidades internacionales y los inversionistas extranjeros es más optimista.
Así, el Fondo Monetario Internacional y la Ocde prevén que el PIB del país crecerá, en este año, 2,3 y 2,2 por ciento, respectivamente. Estas previsiones están por encima de los estimativos de los especialistas (que se ubican alrededor del 2,0 por ciento) y del Banco de la República (1,8 por ciento).
De otra parte, en los últimos meses se ha incrementado la entrada de capitales del exterior dirigidos a la compra de activos financieros tanto públicos como privados. Igualmente, se ha conocido el interés de ampliar los niveles de inversión extranjera en fondos de infraestructura.
Mientras la coyuntura inflacionaria no se despeje, es difícil que la Junta del Emisor decrete reducciones mayores a los 25 puntos base.
Para reactivar la economía y recuperar la confianza en la misma, el Gobierno debe jugarse a fondo en acciones ciertas, estratégicas y eficaces que comprometan a todas las carteras económicas.
