Corrupción, impunidad y paz. Estas fueron las tres ideas centrales mencionadas ayer, tanto por el presidente Juan Manuel Santos, como por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien tomaba posesión del cargo.
Parecería que hablar de impunidad a la vez que se invoca una idea particular de paz, en un entorno en que la primera -disfrazada bajo sofisticada terminología político-jurídica- se consagró en acuerdos escritos para lograr la promesa de la segunda, constituiría una dificultad lógica insuperable. Sin embargo, ambos protagonistas del acto de ayer, duchos en discursos multívocos, lo hicieron sin problema.
Fue insistente el presidente de la República en el tema de la corrupción. Algo llamativo no porque el problema no exista (es la segunda preocupación de los colombianos, según encuestas Gallup), sino porque es una realidad frente a la cual el Gobierno ha hecho más declaraciones retóricas que cualquier otra cosa, mientras la ve consumar en las regiones y entre aliados políticos, impulsada, entre otras, mediante lo que ahora se llama “cupos indicativos”.
Aunque la Fiscalía General de la Nación no hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, sino de la Judicial, ayer el presidente impartió instrucciones al fiscal general, demandándole que la medida de su éxito le vendrá dada por su efectividad en luchar contra la corrupción. Se permitió el presidente, incluso, un pequeño desquite frente al anterior fiscal, Eduardo Montealegre, mencionando de forma expresa el escándalo de Saludcoop, como uno de aquellos que no permiten más dilaciones en su resolución.
El fiscal Martínez Neira anunció que sus medidas contra la corrupción van a significar “un impacto fiscal superior al de una reforma tributaria”. Como abogado comercialista, experto en transacciones societarias y grandes operaciones corporativas, es de suponer que tiene establecido un plan de recuperación de activos saqueados por los corruptos, algo que, con las herramientas del derecho penal, ningún otro fiscal ha podido o ha querido hacer hasta ahora. Si en efecto lo hace, se ganará enemigos de verdad, algo a lo que parece alérgico, y puede desbaratar así uno de los soportes tradicionales del sistema de gobernabilidad aceptados expresa o tácitamente por los poderes públicos.
Suena bien, por otra parte, el proyecto de reingeniería de la Fiscalía, y el aumento de fiscales con una reasignación de tareas dentro de la entidad. No más embajadas doradas como las creadas por Montealegre para premiar fidelidades, ni más destinación de multimillonarios recursos para funciones distintas a las que son objeto del ente: investigar los delitos y desmontar organizaciones criminales.
Martínez Neira tuvo ayer enfrente suyo a varios exfiscales, a quienes recordó las escandalosas cifras de impunidad en Colombia. Que son hoy las mismas de 1991, según afirmó: el 99 %.
Llama la atención, por último, el alcance de su promesa de que “ningún director seccional de la Fiscalía tendrá origen en la política o en la politiquería”. Si solo es aplicable a los directores seccionales es algo que se verá en los días siguientes, cuando designe la lista de altos cargos y se sepa cuán serio es ese compromiso. Y si de verdad puede abrigarse alguna confianza en que el rumbo de la gigantesca e ineficiente entidad que entra a dirigir podrá enderezarse, así sea en mínimo grado.
