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Los colombianos contemplamos perplejos el manejo tan caótico del gobierno con las finanzas públicas. Finalizando el año nos enteramos de que se quedó sin caja, es decir, no tiene efectivo para pagar gastos como la nómina de las múltiples personas que ha contratado, que realizó una operación de deuda muy dudosa y extraña por 6.000 millones de dólares, y que va a decretar una emergencia económica sin ningún sustento técnico ni legal.
Estos son unos pocos anuncios de la forma tan irresponsable como este gobierno ha utilizado los recursos del Estado en beneficio propio y en contra de quienes pagamos impuestos. Lleva más de tres años mirando por el retrovisor, echándole la culpa de todo a la administración anterior, sin reconocer que gran parte de lo que pasa es responsabilidad suya por haber desbordado el crecimiento en el gasto y no haberse ajustado el cinturón. Y los paganinis somos todos, respondiendo con más impuestos.
Los expertos, entre ellos los integrantes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), han advertido sobre los graves problemas de las finanzas públicas y la urgencia de hacer un recorte de por lo menos 40 billones de pesos en los presupuestos que se han aprobado, que están desfinanciados e inflados, como es el caso del que se piensa ejecutar en 2026 por 547 billones de pesos.
Jamás en la historia del país un gobierno había contado con semejantes recursos, pero nunca los había desperdiciado de esa manera, a tal punto que no ejecutó ninguna obra grande, ninguna y, por el contrario, les quitó ayudas a los colombianos de menores recursos cuando acabó los subsidios para adquirir vivienda de interés social y prioritaria, o cuando eliminó los beneficios en los créditos para los estudiantes del Icetex, o no pagó las deudas del sector energético, y no aumentó los recursos para la salud. El gobierno de Petro pasará a la historia como el más gastón, el que menos ejecutó y en el que los escándalos de corrupción y de derroche estuvieron a la orden del día.
Por eso el próximo gobierno encontrará unas finanzas descuadernadas, con una deuda que llegará al 65% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit fiscal cercano al 7%, similares a los que vivimos en la época de la pandemia. Sólo que hoy la única pandemia es la de una mala administración de los recursos.
Ante el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, con la que esperaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el presupuesto del año entrante, el gobierno, en una especie de dictadura fiscal, la va a sacar por decreto mediante una emergencia económica, pasándose por la faja al Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció la “jugadita” y dijo que fue por orden del presidente Petro que no gestionó la reforma tributaria ni hizo ningún esfuerzo para que no se rompiera el quórum.
El Consejo Gremial Nacional, Fedesarrollo, la Andi y los congresistas de la oposición, entre otros, alertaron sobre la inconveniencia de declarar una emergencia económica cuando no hay ningún hecho sorpresivo o sobreviniente, así como los inmensos riesgos que trae para la democracia el que un presidente desconozca la separación de poderes. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fue categórico en señalar que, si se procede con esta medida de carácter excepcional, la Corte Constitucional debe suspenderla provisionalmente con el fin de evitar graves perjuicios para la economía y los ciudadanos. Como la Corte entra en vacancia judicial hasta el próximo 10 de enero, existe la posibilidad de que se convoque a una sesión extraordinaria para estudiar el decreto.
Pero mientras en el país se debatía este tema, se conoció la operación de venta de Títulos de Tesorería (TES) a un inversionista privado, que ascendió a 6.000 millones de dólares, es decir, 23 billones de pesos. Es decir, una vez y media lo que se piensa conseguir con los nuevos impuestos, pasándose por alto la normatividad que se creó en los últimos años sobre el manejo de la deuda. El Ministerio de Hacienda no ha aclarado con qué inversionista privado se realizó esa operación y el costo financiero de la misma, pero en el mercado se habla de que las tasas de interés que pagará la nación son más del doble de las que hubiera pagado con la línea de crédito flexible que teníamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según se dice, las tasas superarían el 12% anual.
Como es su costumbre, Petro evadió las explicaciones y le echó la culpa al Banco de la República por no bajar las tasas de interés, una justificación traída de los cabellos. Pero el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sí tendrá que dar explicaciones ante los requerimientos de la Contraloría. Esta le solicitó información detallada sobre la operación, si hubo pérdidas patrimoniales para el Estado, cuánto se está pagando, si se cumplieron los principios de transparencia y neutralidad en el manejo de la deuda y quién se está beneficiando con el pago de millonarios intereses.
El gobierno termina el año como empezó, con un derroche en el gasto público, anuncios de más impuestos para los colombianos, una deuda disparada y una herencia envenenada en materia fiscal para el próximo presidente.